La patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, acusa al Gobierno de querer eludir con una «reforma exprés» del real decreto de Tragsa la sentencia del Supremo de junio que obliga a justificar uno a uno los encargos directos de obras, y su presidente, Joel García, advierte de que sería un «fraude de ley».
Las claves
- Joel García advierte de que la modificación del real decreto sería un «fraude de ley» si se aprueba.
- La iniciativa genera revuelo nacional con alegaciones de la CNC y varias empresas.
- Antes de cada encargo directo debe acreditarse urgencia o mayor eficiencia económica que la licitación pública.
- García interpreta la propuesta como reconocimiento implícito de que no se puede demostrar mayor rentabilidad del encargo directo.
- El Gobierno pretende sortear la sentencia del Supremo de junio derivada de una demanda de CAC-Asprocon.
CAC-Asprocon sostiene que el Gobierno central intenta eludir mediante una «reforma exprés» la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las administraciones públicas a justificar individualmente los encargos directos de obras a Tragsa, Tragsatec y otros medios propios.
La iniciativa del Gobierno ha generado un fuerte revuelo en el sector de la construcción en toda España, con alegaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de varias empresas. El artículo 86.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, tal como lo interpreta el Supremo, obliga a acreditar antes de cada encargo directo que hay razones de urgencia o que esa fórmula es económicamente más eficiente que sacar el contrato a licitación pública.
Joel García interpreta la propuesta del Ejecutivo como un reconocimiento implícito de que no puede demostrarse que adjudicar directamente a Tragsa resulte más rentable que abrir los contratos a la competencia. A su juicio, el Gobierno pretende sortear la sentencia dictada por el Supremo el pasado junio a raíz de una demanda de CAC-Asprocon, que confirmó el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. García sostiene que una reforma por real decreto vulneraría el principio de legalidad, porque un reglamento no puede contradecir una ley.
La resolución del Supremo impide limitar el control de eficiencia al constituir un medio propio y exige una justificación específica para cada actuación. En ausencia de urgencia, la Administración debe acreditar que el encargo directo presenta una ventaja económica frente a la licitación pública, incorporando una memoria comparativa basada en las tarifas de Tragsa.
El litigio se remonta a una obra de un edificio para ensayos musicales en Carreño que el Principado encargó directamente a Tragsa. Según García, el pronunciamiento del Supremo cambia el criterio mantenido hasta entonces por la Abogacía del Estado, la Junta Consultiva de Contratación Pública Estatal, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y varios tribunales superiores de justicia.
García considera prácticamente imposible acreditar que los encargos directos resulten más económicos que las licitaciones públicas, en las que compiten varias empresas.
El presidente de CAC-Asprocon cuestiona también que el Ejecutivo recurra a un real decreto y defiende que, si quiere cambiar esas condiciones, plantee una reforma legal ante las Cortes Generales. «Estaremos ante un fraude de ley si llega a materializarse y aprobarse ese real decreto», advierte García, que rechaza que una comparación general de tarifas elaborada por una comisión integrada en la propia Tragsa sirva para cumplir la exigencia de motivación individualizada.
La patronal reitera la pregunta que planteó durante el pleito contra Tragsa y el Principado, «¿por qué motivo se empeñan en acudir a Tragsa y gastar bastante más de lo que la administración gastaría si licitaran la obra?».
Corrección (28/10/2026): se ha suprimido una frase que atribuía a la patronal una conclusión que no figura en sus declaraciones.
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