En desarrollo
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso presentado por ACS, Abertis, Acciona y Globalvía, que había explotado la R-2 hasta su rescate en 2018
La sentencia del 8 de octubre anuló los cálculos del Consejo de Ministros de 2023 y de la resolución complementaria de 2025, ambos negativos.
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración quedó fijada en -50 millones de euros, por la inversión estatal y expropiaciones necesarias. Ambos cálculos eran provisionales y aún se espera un tercero definitivo.
El Alto Tribunal reprocha que el cálculo definitivo se haya demorado tanto desde que el 1 de marzo de 2018 el Estado asumió la gestión de la autopista mediante la SEITT. El Tribunal reconoce el derecho de la concesionaria a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible determine «sin más demora» la RPA aplicando las reglas de 2022.
Hasta la fecha el rescate de nueve autopistas ha supuesto un pago provisional de 1.684 millones de euros por parte del Estado. Los pagos provisionales incluyen 134 millones para la R-4, 319 millones para la AP-36, 41 millones para la AP-41, 278 millones para la AP-7 Cartagena-Vera, 307 millones para la AP-7 Alicante y 46 millones para la M-12. El coste provisional de la R-2 sigue siendo cero euros.
Cobertura de Capitol
Comentarios