El presidente ceutí anuncia movilizaciones legales y contactos con la UE tras tachar de «inviable» el borrador estatal que contemplaba instalaciones deportivas
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado este miércoles su negativa a utilizar polideportivos de la ciudad para atender a los 4.000 menores migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio, y ha exigido al Gobierno central que asuma su acogida. Vivas ha advertido que empleará «todos los medios» para impedir el uso de estas instalaciones, incluidas en el borrador de la estrategia estatal, y ha amenazado con movilizaciones: «Si intentan usarlos, van a tener que sacarme a mí de ellos».
La polémica surge tras la inclusión de cinco polideportivos —Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz Flor— en el listado de recursos del dispositivo estatal, una medida que generó rechazo social y protestas el martes. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, matizó después que se trataba de una «propuesta de máximos» y que solo se recurriría a ellos en «situación extrema», subrayando que cualquier decisión requeriría consenso con la ciudad autónoma. Vivas, sin embargo, ha pedido la eliminación expresa de estos espacios del decreto.
Ceuta ha remitido al Gobierno una propuesta alternativa con 11.300 plazas en instalaciones públicas y privadas, entre ellas Loma Colmenar (800 plazas), la antigua fábrica del Guano (600) y el Mirador de Cabilla-Benz (500). El documento incluye también terrenos pendientes de habilitación, como las parcelas 127-133, con capacidad para 2.500 personas. El Gobierno central, por su parte, prevé habilitar 2.000 plazas adicionales en nuevos espacios, mientras avanza en los procedimientos de identificación y retorno.
Vivas ha negado haber recibido alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva de migrantes, aunque admitió haber advertido al Ejecutivo central del «incremento exponencial» del flujo migratorio días antes. La ciudad autónoma reclama un «plan urgente» para devolver a quienes no puedan permanecer en España, con plazos y medios definidos, y ha anunciado contactos con instituciones de la UE a partir del 7 de septiembre para denunciar lo que considera una «vulneración de la frontera sur comunitaria».
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respaldado la postura de Vivas y ha instado al Gobierno a alinearse con la política migratoria de la UE, calificando la crisis como un «problema de frontera exterior comunitaria». La tensión refleja el pulso entre el Ejecutivo central y las administraciones locales por la gestión de una emergencia que, según Ceuta, ha desbordado su capacidad.
Fuente: Público
