Vox activa una vía penal contra Sánchez y desafía al PP con una mayoría migratoria
El partido de Abascal impulsa una investigación del Supremo por la crisis de Ceuta y exige el retorno de 1.342 menores a Marruecos, mientras el PP evita romper la coalición en Aragón y Extremadura
CRedacción Capitol·10 de agosto de 2026·3 min de lectura
El partido de Abascal impulsa una investigación del Supremo por la crisis de Ceuta y exige el retorno de 1.342 menores a Marruecos, mientras el PP evita romper la coalición en Aragón y Extremadura
Vox ha activado una estrategia jurídica y política para forzar una investigación penal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde más de 70.000 personas entraron desde Marruecos en los últimos días. La formación ultraderechista ha anunciado que impulsará el artículo 102 de la Constitución, que permite al Tribunal Supremo abrir una causa contra altos cargos, aunque necesita el apoyo de 88 diputados —tiene 33— y mayoría absoluta en el Congreso —176 escaños— para lograrlo. El PP no se ha pronunciado sobre esta iniciativa, mientras Junts descarta respaldarla, pese a la presión de Alianza Catalana en Cataluña.
La crisis de Ceuta ha reavivado la tensión entre los socios de gobierno en Aragón y Extremadura, donde PP y Vox cumplen cien días de coalición sin rupturas, pero con medidas divergentes. Vox ha desplegado políticas de rechazo a la inmigración, como la supresión de ayudas a menores migrantes en Aragón o recursos judiciales contra su acogida en Extremadura. Ambos partidos exigen al Gobierno que devuelva a Marruecos a los 1.342 menores contabilizados hasta ahora, amparándose en un tratado bilateral de 2007, aunque rechazan acogerlos si el Ejecutivo decreta un reparto territorial. El PP, sin embargo, evita confrontaciones públicas y mantiene una postura conciliadora, aunque comparte con Vox la negativa a asistir a la conferencia sectorial convocada por el Gobierno para abordar el tema.
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La estrategia de Vox incluye impugnar judicialmente cada expediente individual de menores que no sean devueltos a Marruecos, una medida que choca con la legalidad vigente, basada en el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Mientras, los gobiernos autonómicos de Aragón, Extremadura y Castilla y León —todos con consejeros de Vox— han anunciado que no acudirán a la reunión del jueves, una decisión respaldada por el PP en esas comunidades. Fuentes de los ejecutivos autonómicos confirman que no hay disenso interno, aunque algunas autonomías gobernadas solo por el PP podrían asistir.
El bloque de la derecha busca capitalizar el malestar por la inmigración, pero la división interna persiste. Junts y el PNV han alineado su discurso con el de PP y Vox, exigiendo el retorno de los menores, aunque los convergentes han registrado iniciativas parlamentarias para investigar la gestión del Gobierno. La situación recuerda a la ruptura de gobiernos autonómicos en julio de 2024 por el mismo motivo, pero Vox justifica su postura actual alegando que el reparto de menores es competencia exclusiva del Ejecutivo central, lo que, a su juicio, exime al PP de responsabilidad.
La crisis migratoria abre una oportunidad para que PP, Vox y Junts refuercen su mayoría alternativa en el Congreso, aunque la viabilidad de la iniciativa penal contra Sánchez depende de alianzas improbables. Mientras, el Gobierno mantiene su postura de cumplir la ley, aunque sin concretar cómo abordará el reparto de menores entre comunidades autónomas.
