El Gobierno aragonés, con Vox en la vicepresidencia, tuvo que corregir la supresión tras el aviso de la Fiscalía y del Justicia de Aragón. La paga se mantiene para todos, sin distinguir nacionalidad, ligada a metas educativas individuales.
El Gobierno de Aragón ha rectificado la supresión de la paga semanal de 17 euros que recibían los menores extranjeros no acompañados tutelados. Tras el Consejo de Gobierno, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, aclaró que la prestación no desaparecerá, sino que pasará a funcionar como un estímulo reservado a quienes mantengan una conducta adecuada y alcancen sus metas personalizadas. Se implementará en cada centro de la comunidad sin distinguir la nacionalidad de los menores.
La polémica empezó el 27 de julio, cuando Alejandro Nolasco, vicepresidente aragonés y consejero de Bienestar Social (Vox), anunció la supresión de la paga a los menores extranjeros. Presentó la medida como un ahorro anual de 180.000 euros, equivalente, según sus cálculos, al coste de hasta siete nuevas plazas para mayores en residencias. Sin embargo, la paga seguía abonándose a los menores de origen español, y esa diferencia encendió el debate.
El Ministerio de Juventud e Infancia envió el asunto a la Fiscalía, la cual abrió dos expedientes, mientras el Departamento de Justicia de Aragón puso en marcha una actuación de oficio. Frente a ello, el departamento anuló la instrucción que involucraba a menores extranjeros y aprobó una nueva que restringe provisionalmente la retirada de la paga a tres centros: Torrero, Movera y Peralta de la Sal. Según el Gobierno, en esas instalaciones se habían registrado conflictos de convivencia, como robos, amenazas o agresiones.
Después de casi cuatro meses de ejecución provisional, el departamento afirma que la supresión ha alcanzado los objetivos previstos y declara concluido el esquema general de entrega de efectivo en todas las residencias. Aun así, la nueva norma permite a las entidades gestoras aplicar «incentivos educativos individualizados», concebidos como «instrumentos de refuerzo positivo» y ligados a objetivos educativos concretos.
La plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores sostiene que la orden consolida los sistemas de incentivos que las entidades gestoras ya desarrollaban en los centros, «exactamente lo mismo que se hacía hasta ahora». Gema López, presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, indica que ese trabajo basado en objetivos individuales se lleva a cabo desde hace muchos años.
La diputada socialista Mónica Iglesias aseguró que el Ejecutivo de Jorge Azcón «tiene que recular» y le reprochó tomar decisiones precipitadas, sin respetar suficientemente las garantías legales, para después corregirlas. Añadió que la «famosa» prioridad nacional de Vox ha quedado «por los suelos».
Según la media de encuestas de Capitol, que reúne 65 sondeos de los últimos 28 días, Vox obtendría actualmente el 19,0 % de los votos en unas elecciones generales. Ver el agregador.
Más sobre este tema


Comentarios