CRedacción Capitol·26 de agosto de 2026·2 min de lectura
La medida implica restricciones en el uso de agua pese a las lluvias recientes, en ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
La Xunta de Galicia mantiene la alerta o prealerta por escasez de agua en 91 ayuntamientos de la comunidad, según confirmó este martes, a pesar de las lluvias registradas en los últimos días. La medida, que afecta a municipios de las cuatro provincias, implica la aplicación de protocolos específicos para la gestión y el ahorro de recursos hídricos.
El Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda (PP), activó estos niveles de alerta en función de los indicadores de reservas en embalses y acuíferos, así como de la demanda de agua en cada zona. Aunque las precipitaciones de agosto han aliviado parcialmente la situación, las autoridades autonómicas insisten en que no son suficientes para levantar las restricciones, especialmente en áreas con mayor estrés hídrico.
Publicidad
Entre los municipios afectados se encuentran localidades de las comarcas de A Mariña (Lugo), O Salnés (Pontevedra) y Ourense, donde la sequía ha tensionado el suministro en los últimos meses. Las medidas incluyen limitaciones en el riego agrícola, el uso industrial y, en algunos casos, restricciones horarias para el consumo doméstico. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, colabora con la Xunta en el seguimiento de los niveles de agua y en la coordinación de las actuaciones.
Este escenario se enmarca en un contexto de sequía prolongada en el noroeste peninsular, que ha llevado a otras comunidades como Asturias y Castilla y León a adoptar medidas similares. En Galicia, la última gran sequía, registrada en 2017, obligó a declarar la emergencia en más de 50 ayuntamientos y a activar planes de contingencia con camiones cisterna para garantizar el suministro en zonas rurales.
La Xunta ha recordado que la gestión del agua es una competencia compartida entre la administración autonómica y los ayuntamientos, aunque la planificación hidrológica a largo plazo corresponde al Estado. El Gobierno gallego ha solicitado en reiteradas ocasiones la aceleración de las obras de interconexión entre cuencas y la modernización de las redes de distribución para reducir las pérdidas, que en algunos municipios superan el 30%.
