El Real Decreto 953/2026, publicado en el BOE el 6 de noviembre, obliga desde el 26 de noviembre a cada ayuntamiento a acreditar que multa de verdad en su zona de bajas emisiones. Sin esa documentación, la norma no la considera correctamente implantada. La multa es de 200 euros, según la Ley de Tráfico.
- Qué cambia. El decreto reescribe un solo apartado. Los ayuntamientos deben enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y a su comunidad autónoma cinco pruebas de que la zona funciona.
- Cuánto se multa. No respetar una zona de bajas emisiones es una infracción grave de la Ley de Tráfico, con multa de 200 euros que impone el alcalde.
- Qué no dice. No fija qué coches pueden entrar ni habla de subvenciones. Eso lo decide la ordenanza de cada municipio y otras normas.
Si conduces un coche sin etiqueta ambiental por una ciudad con zona de bajas emisiones, lo que te pasa depende de la ordenanza de su ayuntamiento y no de este decreto. Lo que cambia el 26 de noviembre es otra cosa. Cada municipio tendrá que demostrar al Estado que su zona no existe solo sobre el papel.
Qué es una zona de bajas emisiones y quién debe tenerla
La Ley 7/2021 de cambio climático define la zona de bajas emisiones, conocida como ZBE, en su artículo 14.3. Es un ámbito continuo, delimitado por una administración, donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos según lo que contaminan. El objetivo es mejorar la calidad del aire y reducir los gases de efecto invernadero.
La obligación de crearla recae en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares, que debían hacerlo antes de 2023. También alcanza a los de más de 20.000 si superan los valores límite de contaminantes del Real Decreto 102/2011. La regulan los propios ayuntamientos en su ordenanza, según el Real Decreto 1052/2022.
Qué cambia el 26 de noviembre
El Consejo de Ministros aprobó la modificación el 3 de noviembre. El real decreto lleva fecha del 4, se publicó el 6 y entra en vigor el 26, veinte días después. Su artículo único cambia el apartado 3 del artículo 10 del decreto de 2022.
Para justificar que una zona está implantada, el ayuntamiento debe remitir al Ministerio y a su comunidad autónoma cinco documentos. Son la ordenanza vigente, que debe enviar en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, y la prueba de que las restricciones de acceso están en vigor. Se suman la prueba de que el control de accesos y el seguimiento funcionan y la integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT. El quinto es la prueba de que se aplica el régimen sancionador.
Ese último punto es el que más cambia el panorama. El texto dice que la aplicación del régimen sancionador «excluirá cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente». Y añade que, mientras no llegue la documentación, «no se considerará correctamente implantada la ZBE».
El decreto no lo establece. El artículo 5 del decreto de 2022 pide que las restricciones afecten prioritariamente a los vehículos más contaminantes y que sean proporcionadas a los objetivos. Las excepciones solo caben en casos justificados. El resto lo fija cada ordenanza, así que un mismo coche puede entrar en una ciudad y en otra no.
Para clasificar los vehículos se usa el anexo II.E del Reglamento General de Vehículos. El adhesivo ambiental identifica la categoría que el coche tiene en el Registro de Vehículos de la DGT.
| Distintivo | Color del adhesivo |
|---|---|
| 0 emisiones | Azul |
| ECO | Verde y azul |
| C | Verde |
| B | Amarillo |
| Sin distintivo (categoría A) | No existe adhesivo |
Cuánto cuesta saltarse una zona de bajas emisiones
La cuantía no sale de este decreto. El artículo 15 del decreto de 2022 remite a la Ley de Tráfico. Su artículo 76 tipifica como infracción grave no respetar las restricciones derivadas de las zonas de bajas emisiones, un apartado que la Ley 18/2021 añadió con efectos de marzo de 2022.
El artículo 80 fija en 200 euros la multa por infracción grave. En vías urbanas, el artículo 84.4 atribuye la competencia para sancionar al alcalde, que puede delegarla. Por eso la multa la pone el ayuntamiento y no el Estado.
El real decreto no menciona subvenciones ni la devolución de fondos europeos. Tampoco enumera consecuencias económicas para un municipio sin zona acreditada. Solo establece que, sin la documentación, el Estado no la tiene por correctamente implantada. Si hay efectos adicionales, tendrán que venir de otras normas o de las convocatorias de ayudas.
El Gobierno ampara la modificación en su competencia sobre legislación básica de protección del medio ambiente, el artículo 149.1.23.ª de la Constitución. Esa competencia deja a las comunidades autónomas la facultad de añadir normas de protección. Capitol informó del Consejo de Ministros en la noticia del 3 de noviembre y de su efecto en las ciudades valencianas en esta otra del 5 de noviembre.
¿Sabes si tu ayuntamiento ya multa en su zona de bajas emisiones o solo avisa? La respuesta está en su ordenanza, publicada en el boletín oficial de tu provincia y en la web municipal. Capitol sigue en Parlamento las normas que aprueban el Gobierno y las Cortes. El decreto entra en vigor tres días antes de las elecciones generales, cuyo calendario, listas y guías tienes en el especial del 29-N.


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