Actualización (06 de octubre a las 13:37):
El Ejecutivo busca la convalidación en la Diputación Permanente con las Cortes disueltas, según ha publicado COPE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda. La semana anterior habían sido rechazados en el Parlamento.
Los textos son prácticamente idénticos a los desestimados. Incorporan cambios técnicos y cosméticos para sortear la prohibición legal de reintroducir normas sin respaldo parlamentario.
El Ejecutivo ha buscado la convalidación de los decretos en la Diputación Permanente del Congreso. Las Cortes están disueltas por la convocatoria electoral.
David Martínez, abogado experto en derecho inmobiliario, ha señalado que su cliente sufrió la suspensión de un procedimiento de lanzamiento en Barcelona por el decreto 26/2026, conocido como ‘decreto Maricarmen’.
Martínez ha descrito la situación como una inseguridad jurídica grandísima para los propietarios. Ha afirmado que se encuentran indefensos ante la normativa.
El letrado ha subrayado que, tras el rechazo parlamentario, ha presentado un escrito para que la suspensión quede sin efectos. Argumenta la vulnerabilidad de la persona afectada.
Según Martínez, los arrendadores acumulan dos años sin cobrar ninguna renta. No reciben indemnización alguna por parte de la Administración Pública.
El abogado ha advertido de que la exigencia de solvencia excluye al pequeño trabajador. Ha afirmado que al trabajador de barrio nadie le alquilará una vivienda, porque puede estar dos o tres años sin pagar renta, como se ve en los juzgados.
Impacto en el mercado de alquiler
Según Martínez, la falta de garantías legales en los contratos ha provocado un impacto directo en el mercado de arrendamiento. Afecta especialmente a las rentas medias y bajas.
Martínez aconseja a los propietarios que mantengan los inmuebles vacíos y frenen las operaciones. Ha afirmado que recomienda paralizar ahora el alquiler a cualquier persona que vaya a alquilar.
El experto ha señalado que las inmobiliarias ya han comenzado a retirar encargos de alquiler ante la imposibilidad de ofrecer seguridad jurídica a los propietarios.
Acusaciones de fraude de ley
Martínez ha calificado la maniobra del Gobierno como un fraude de ley, coincidiendo con la Fundación Hay Derecho y el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón.
El jurista recuerda que el artículo 86 de la Constitución exige una situación de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar decretos ley. Afirma que ese requisito no se cumple tras la votación parlamentaria.
En sus palabras, «Lo que no se ha aprobado en el congreso de los diputados lo quieren hacer por ley al decreto».
El abogado ha cuestionado la prisa del Ejecutivo tras la derogación del texto y ha aseverado que la normativa vulnera los derechos de los propietarios.
La aprobación de los decretos se produce en un contexto de incertidumbre jurídica que, según los analistas, podría paralizar el mercado de alquiler durante varios meses.
La decisión deja sin respaldo parlamentario los decretos, cuya votación estaba prevista para el martes 4 de octubre, complicando la agenda del Ejecutivo
