El Tribunal Supremo suspende cautelarmente el voto de 163 000 personas
Alberto Núñez Feijóo se subió al carro de la polémica ley de nietos el 29 de junio de 2026, un día después de que Iustitia Europa presentase la primera denuncia al respecto ante la Junta Electoral Central (JEC)
CRedacción Capitol·15 de octubre de 2026·4 min de lectura
Alberto Núñez Feijóo se subió al carro de la polémica ley de nietos el 29 de junio de 2026, un día después de que Iustitia Europa presentase la primera denuncia al respecto ante la Junta Electoral Central (JEC)
Actualización (15 de octubre a las 13:17): El pasado miércoles, los Foros de Vanguardia recibieron en Barcelona al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como invitado
El pasado miércoles, los Foros de Vanguardia recibieron en Barcelona al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como invitado. Conde-Pumpido, considerado del sector progresista y antiguo fiscal general del Estado bajo un gobierno del PP, ha sido clave para que la ley de amnistía se aplique a los líderes del procés, iniciando con Carles Puigdemont.
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Durante la rueda de preguntas, el presidente del Constitucional no pudo contestar a algunas de las preguntas de los periodistas sobre otros asuntos de actualidad, pero se le entendió entre líneas. Se cuidó mucho de responder con respeto hacia las decisiones del Tribunal Supremo en varias materias, aunque sus respuestas dejaron entrever que algunas decisiones del Supremo le resultan difíciles de entender.
La primera cuestión abordada fue la sentencia del Supremo que dio pie a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, al impedir el rechazo de quienes accedieran “a nado”. Conde-Pumpido no criticó esa decisión, sino que recordó que el Constitucional había avalado previamente las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla por tratarse de situaciones muy particulares. Sugirió que, de no haberse intervenido en la interpretación sobre si la entrada era terrestre o a nado, la masiva llegada de finales de julio habría sido menos probable.
La segunda cuestión trató la llamada ley de nietos y la instrucción ministerial que permitía la nacionalización española y el voto a hijos o nietos de exiliados sin demostrar persecución política. Conde-Pumpido rechazó pronunciarse sobre el asunto, advirtiendo que podría llegar al Tribunal Constitucional, aunque no a tiempo de resolver antes de las elecciones.
En relación con la ley de amnistía, Conde-Pumpido no reprochó al Supremo su intento de impedir su aplicación mediante una consulta a la justicia europea sobre casos de malversación. Recordó la contundencia del Tribunal de Justicia de la UE que avaló la ley de amnistía y que el Constitucional había considerado acorde con la Carta Magna.
Conde-Pumpido admitió que cada tribunal tiene su propio “criterio” y defendió con énfasis la independencia judicial frente a los demás poderes del Estado. Reconoció que los magistrados también poseen ideología, pero sostuvo que esa ideología no debe influir en sus decisiones, considerándolo una muestra de pluralidad social. Aseguró que la pluralidad es una riqueza siempre que no se convierta en una servidumbre.
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Alberto Núñez Feijóo se subió al carro de la polémica ley de nietos el 29 de junio de 2026, un día después de que Iustitia Europa presentase la primera denuncia al respecto ante la Junta Electoral Central (JEC). Feijóo sostuvo que esa ingeniería electoral consistía en incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, amplió la acusación señalando a los cónsules y funcionarios que otorguen la nacionalidad a quien no la merece, calificándolo de ilegal.
A diferencia de la petición de Iustitia Europa, la Junta Electoral Central no paralizó las altas de nuevos votantes en el censo.
Alberto Núñez Feijóo celebró la decisión de los magistrados el lunes, valorando que hayan “antepuesto el bien común” para “poner límite a la irresponsabilidad” del Gobierno.
Según datos del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, 59 373 descendientes de judíos fueron nacionalizados entre 2020 y 2022.
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El 29 N todos esos sefardíes podrán ejercer su derecho a voto. En cambio, los descendientes del exilio franquista ven suspendido cautelarmente el sufragio reconocido en 2022 por la Ley de Memoria Democrática.
El Consejo General del Notariado ha recibido 153 774 peticiones de descendientes de judíos que reclaman el pasaporte español entre 2015 y 2026.
El PP criticó las “pocas garantías” del texto y acusó de “nacionalizar a socialistas”. El Tribunal Supremo confirmó la suspensión cautelar del voto de 163 000 personas potencialmente nacionalizadas.
Qué dicen las encuestas
La media de 17 encuestas publicadas en los últimos tres meses, calculada por el agregador de Capitol, da estos resultados para las generales del 29 de noviembre: PP el 32,4 % (139 escaños), PSOE el 26,4 % (107 escaños), Vox el 18,3 % (61 escaños) y Sumar el 6,1 % (9 escaños). La mayoría absoluta en el Congreso está en 176 diputados.
