El Tribunal Supremo, por cinco votos a uno, mantiene la suspensión cautelar del voto de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática
La decisión se tomó el 13 de octubre en Madrid y afecta a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Según la Abogacía del Estado, la medida afecta a 163.020 personas inscritas en el censo electoral a 1 de agosto de 2026. A ese número se añaden 96.895 solicitudes aprobadas y pendientes de inscripción y 304.272 solicitudes pendientes de resolución.
El tribunal ha ordenado al Gobierno publicar la resolución en el BOE y a la Dirección General de Españoles en el Exterior que informe en los consulados.
El Gobierno estudia impugnar la decisión, incluida la vía del Tribunal Constitucional, según fuentes entrevistadas en el Palacio Real tras la resolución. El proceso se originó tras recursos de Iustitia Europa y Vox contra la decisión de julio de la Junta Electoral Central. La Fiscalía y el Defensor del Pueblo podrían recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional si se cumplen los requisitos legales.
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