La Audiencia de Palma ha fijado entre el 25 y el 29 de octubre de 2027 el juicio por delito de odio contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear y líder de Vox en las islas, por romper durante un pleno una imagen de republicanas asesinadas en 1937.
Actualización (28 de octubre a las 13:42): El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, se ha sentado este miércoles 28 de octubre en el banquillo de los acusados para la audiencia preliminar del juicio en el que afronta acusaciones por un posible delito de odio tras romper una foto.
Esta vista preliminar corresponde al proceso derivado por romper la fotografía de Aurora Picormell y las Rojas del Molinar durante una sesión de la Cámara autonómica en la que se debatía la Ley de Memoria Histórica.
Los procedimientos judiciales se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas tanto por los familiares de Picornell como por la asociación Memoria de Mallorca.
La asistencia a los juzgados impidió al representante institucional acudir a las reuniones programadas en la Mesa del Parlament y en la Junta de Portavoces.
El propio dirigente había solicitado previamente retrasar su comparecencia judicial bajo el argumento de tener que cumplir con dichos compromisos parlamentarios.
Dicha petición fue rechazada debido a que el dirigente político había faltado a las reuniones de la Mesa y la Junta celebradas el pasado viernes para desplazarse a Menorca con motivo de un mitin de Santiago Abascal.
A su llegada a las dependencias judiciales, el también líder de Vox en las Islas Baleares ha afirmado ante los medios que «está tranquilo» frente a las acusaciones formuladas.
La Audiencia Provincial tiene ahora la tarea de establecer el calendario definitivo para la celebración del juicio oral contra el político.
Durante la comparecencia celebrada este miércoles, los representantes legales de las partes debían pronunciarse sobre los medios de prueba propuestos y coordinar las agendas para fijar el juicio.
Asimismo, los abogados defensores y acusadores disponen de la oportunidad de plantear sus respectivas cuestiones previas ante el órgano judicial.
«Las acusaciones piden penas que van desde los 16 meses de cárcel hasta los cuatro años.»
Por el contrario, tanto la fiscalía como la defensa jurídica solicitan la libre absolución del representante político al argumentar que su actuación en la Cámara no constituyó un delito al carecer de intención lesiva o discriminatoria.
Durante aquel episodio plenario, el presidente de la Cámara no solo rompió la imagen de las Rojas del Molinar, sino que también ordenó la expulsión de las dos diputadas socialistas que integran la Mesa.
Las parlamentarias afectadas recurrieron la decisión ante el Tribunal Constitucional al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales durante el pleno.
Por su parte, la fiscalía del Tribunal Constitucional apoya la postura de las demandantes al acusar al dirigente de Vox de «vulnerar derechos fundamentales» y pedir que se estime el amparo solicitado por Mercedes Garrido y Pilar Costa.
El tribunal de la sección primera, presidido por el magistrado Jaime Tártalo, ha tomado la decisión tras la vista previa celebrada este miércoles por la mañana, con Le Senne sentado en el banquillo. En ella se han tratado las pruebas documentales de la defensa, que ejerce la abogada Marta Castro, y las de la acusación particular de la Asociación Memoria de Mallorca y de los familiares de las mujeres de la foto rasgada.
Hay además tres acusaciones populares, las del Partido Comunista de los Pueblos de España, Estimada Aurora y el Partido Comunista de España.
Le Senne, la segunda autoridad de Baleares, llegó a la Audiencia Provincial hacia las 10.25 y se mostró «tranquilo». También transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas del choque de trenes de Urda (Toledo).
El juez instructor decretó en febrero de 2025 la apertura de juicio oral contra Le Senne por romper presuntamente una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, en el pleno del Parlament en el que se debatía por primera vez la derogación de la ley de memoria democrática. La defensa y la Fiscalía recurrieron algunas decisiones del magistrado, y la Audiencia Provincial desestimó los recursos en junio de 2025, con lo que el juicio quedó firme.
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