Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil suspenden este miércoles sus protestas tras el accidente ferroviario de Urda, después de mantener un encierro en protesta por la falta de avances en la jubilación.
Las claves
- Policías y guardias civiles han suspendido temporalmente sus protestas laborales tras el accidente ferroviario en Urda.
- Las movilizaciones se iniciaron el martes a las 18.00 horas con un encierro en la Secretaría de Estado de Seguridad.
- Los sindicatos SUP, Jupol y UFP y las asociaciones AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y la Unión de Cabos secundaron el encierro.
- Los agentes abandonaron el ministerio tras la petición de la UPR ante la amenaza de un delito de desobediencia.
Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han suspendido temporalmente este miércoles sus reivindicaciones por una jubilación digna como señal de respeto hacia los afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Urda. Las diferentes organizaciones han trasladado un comunicado oficial este miércoles para expresar sus condolencias a los allegados de las víctimas, su apoyo a los heridos y afectados, y su reconocimiento a los equipos de emergencias desplegados en la zona.
Estas movilizaciones comenzaron el martes a las 18.00 horas con un encierro de los representantes en la Secretaría de Estado de Seguridad, situada en el Ministerio del Interior, tras romper las negociaciones sobre la jubilación. Esta protesta estuvo secundada por los sindicatos SUP, Jupol y UFP junto con las asociaciones AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y la Unión de Cabos.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, denunció que los agentes han vuelto a ser ninguneados y tirados a los pies de los caballos por el Ministerio del Interior. Según explicó el dirigente sindical, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción les solicitaron abandonar el edificio ministerial para evitar comprometer a sus compañeros y esquivar posibles represiones legales. Rivero afirmó que las autoridades les advirtieron sobre la posible imputación de un delito de desobediencia relacionado con la ocupación de un edificio público.
A pesar de la pausa adoptada con motivo del siniestro ferroviario, las organizaciones han matizado que esta decisión no implica una renuncia definitiva a sus demandas laborales.
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