La Comunidad de Madrid ha pagado 101,5 millones de euros en alquileres para seguir usando ocho edificios que vendió por 128,5 millones en la década pasada. El caso más deficitario es el de Vía Lusitana 21, en Carabanchel, donde el Gobierno regional ha perdido más de diez millones.
Las claves
- El coste de los arrendamientos supone ya el 79 % de los ingresos totales obtenidos por la venta de estos inmuebles públicos.
- El edificio de Vía Lusitana 21 ha generado una pérdida neta de más de 10 millones de euros tras expirar su alquiler en julio.
- Tres contratos de alquiler permanecen activos, incluyendo el de la Carrera de San Jerónimo 13, que estará vigente hasta el año 2032.
- La Cámara de Comercio ha vendido el terreno de Vía Lusitana 21 para la construcción de un edificio residencial de 162 pisos.
- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recuperó en 2025 un total de 1.721 viviendas públicas vendidas originalmente por el Ejecutivo de Ignacio González.
Los 101.539.935 euros pagados en alquileres equivalen al 79 % de los 128.469.345,72 euros que la Administración regional ingresó por vender esos ocho edificios, en los que siguió prestando sus servicios.
El Ejecutivo regional vendió el edificio de Vía Lusitana 21 en 2014 por 16.697.835,73 euros, pero mantuvo allí varias dependencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
La Administración regional lo usó para archivo y formación hasta que el contrato de alquiler terminó el pasado mes de julio.
Las ventas culminaron bajo la presidencia de Ignacio González, que sacó a subasta varios de los principales edificios de la Comunidad cuando esta no tenía acceso a los mercados de deuda, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
En la actualidad, la Comunidad de Madrid todavía mantiene vigentes tres contratos de alquiler en inmuebles que anteriormente formaban parte de su patrimonio público y fueron enajenados.
El contrato correspondiente a la sede de la calle Madrazo 34 permanecerá activo hasta finales de 2027, con un margen de beneficio actual de apenas 12.241 euros respecto a su venta. Asimismo, el arrendamiento del edificio situado en la Carrera de San Jerónimo 13 se extenderá hasta el año 2032, lo que previsiblemente generará nuevas pérdidas económicas para la región.
Por el contrario, las operaciones realizadas en tres inmuebles de la Gran Vía, cuyos contratos finalizaron entre 2018 y 2024, arrojaron un balance positivo para las arcas públicas madrileñas.
Ignacio González, que afronta ahora un juicio por el caso Lezo, también autorizó la venta de 2.935 viviendas públicas a un fondo de inversión por 201 millones de euros. El actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tuvo que desembolsar 111 millones de euros en 2025 para recuperar 1.721 de esas viviendas que aún no habían sido comercializadas en el mercado.
Respecto al futuro del solar de Vía Lusitana 21, la Cámara de Comercio ha vendido el terreno a una compañía privada para la construcción de una promoción residencial.
El proyecto contempla la edificación de un bloque de nueve plantas con 162 viviendas y diversas instalaciones comunes como piscina, gimnasio y pistas de pádel para los nuevos propietarios. El complejo contará con una superficie construida de 14.460 metros cuadrados y dispondrá de un centro de bienestar para los futuros residentes de esta zona del distrito de Carabanchel.
La diferencia total entre los ingresos por las ventas y el gasto acumulado en alquileres se sitúa hoy en 26,9 millones de euros, una cifra que continuará disminuyendo progresivamente.
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