Abierta tras una denuncia de un particular, la investigación cuestiona la adjudicación directa y el precio del contrato, cuyo programa ya supera los 2.600 millones de euros. Solo 118 de los 348 vehículos previstos se han entregado y ninguno está aún operativo.
Resumen
- El Tribunal de Cuentas trabaja en un informe fiscalizador sobre el mismo programa que prevé aprobar el próximo año.
- El programa nació tras un atentado en Líbano en 2007 en el que murieron seis militares españoles.
- En diciembre de 2015 Defensa adjudicó el desarrollo de los prototipos a la UTE formada por Indra, GDELS y Sapa Placencia.
- Los cinco demostradores llegaron con más de un año de retraso y Defensa impuso una sanción millonaria a las empresas.
- En diciembre de 2019 Defensa declaró nulo el primer concurso de fabricación del 8×8.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato del blindado 8×8 del Ejército de Tierra a raíz de la denuncia de un particular, según se ha conocido. Se pone en tela de juicio tanto el método de adjudicación directa del Ministerio de Defensa como el importe del contrato. El programa supera ya los 2.600 millones de euros de presupuesto.
La investigación incluye también dos importantes programas de Defensa: el lanzacohetes de alta movilidad SILAM y la compra de catorce sistemas antidrones, en los que participan Indra y Escribano. Fuentes de las compañías implicadas aseguran que no han recibido notificación alguna sobre la investigación.
De forma paralela, el Tribunal de Cuentas elabora un informe de fiscalización sobre el mismo programa, cuya aprobación está prevista para el próximo año.
El proyecto, denominado VCR Dragón, se puso en marcha tras el atentado de 2007 en Líbano, en el que murieron seis militares españoles y que dejó patente la vulnerabilidad de los blindados españoles ante los explosivos. Defensa compró entonces de urgencia dos modelos, el Iveco LMV Lince y el RG-31, para sustituir en zona de operaciones a los BMR y los Aníbal.
En diciembre de 2015 Defensa asignó a una Unión Temporal de Empresas, compuesta exclusivamente por Indra, General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas (GDELS) y Sapa Placencia, el desarrollo de los prototipos. Debían entregar cinco demostradores tecnológicos en 2018, pero llegaron con más de un año de retraso y el ministerio les impuso una sanción millonaria.
En diciembre de 2019, Defensa anuló el primer concurso de fabricación, que contemplaba los primeros 348 blindados con un límite de gasto de 2.083 millones. Consideró que la única oferta, la de GDELS, no cumplía los pliegos técnicos, operativos y económicos exigidos.
Defensa sondeó soluciones extranjeras, pero primó la apuesta por la soberanía nacional. En junio de 2020 se constituyó el consorcio Tess Defence, una alianza a partes iguales entre Indra, Santa Bárbara, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering, y cada socio asumió el compromiso sobre subsistemas clave del blindado. Escribano se sumó para las estaciones de armas remotas equipadas con las torres Guardian, que previamente habían sido objeto de licitación por parte de las compañías israelíes Elbit Systems y Rafael, en colaboración con socios españoles.
Esa fórmula ha provocado enfrentamientos entre los socios, con acusaciones mutuas sobre la responsabilidad de los fallos del vehículo, que van desde problemas en el motor hasta un sobrepeso que cuestiona su operatividad o filtraciones de agua.
Hasta ahora solo se han entregado 118 de los 348 blindados planificados, que aún no están operativos. El Ejército de Tierra tiene previsto concluir en las próximas semanas la fase final de su evaluación operativa, paso indispensable antes de su puesta en servicio.
Sigue la cobertura: La UCO pregunta al Tribunal de Cuentas cómo fiscaliza las donaciones al PSOE
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