CRedacción Capitol·15 de agosto de 2026·3 min de lectura
Actualización (16 de agosto a las 12:36):
La ONG denuncia que solo 1.500 están dentro del sistema de protección y pide agilizar el reparto y traslado a otras comunidades autónomas
La organización Save the Children ha pedido agilizar los procesos para activar el reparto y traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas, priorizando a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La ONG también ha reclamado que los fondos se movilicen con urgencia para reforzar los recursos de acogida y protección.
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De acuerdo con la información proporcionada por la ONG, el equipo de Save the Children desplazado a Ceuta trabaja en la actualidad sobre el terreno para conocer las necesidades de la infancia. Este ha identificado entre los menores de edad que permanecen en la calle a niños solos menores de 16 años, que son especialmente vulnerables a la violencia sexual, la explotación y la trata.
Según la ONG, la falta de recursos suficientes en la ciudad ha llevado a que las asociaciones vecinales y entidades sociales desempeñen un papel fundamental en la atención a los menores migrantes. Estas organizaciones han habilitado espacios de acogida y están proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos a los niños y niñas que permanecen fuera del sistema de protección.
Save the Children ha advertido que esta respuesta solidaria no puede sustituir a una respuesta institucional coordinada, estable y con garantías de protección para la infancia. La ONG ha pedido a las distintas administraciones que mapeen los espacios vacíos en la ciudad que puedan convertirse en dispositivos de acogida de emergencia y cooperen para acondicionarlos.
El director de la organización, José María Vera, cuestiona las cifras oficiales y advierte de riesgos graves para niñas y niños sin protección
El director de UNICEF España, José María Vera, ha cuestionado las cifras oficiales sobre menores no acompañados llegados a Ceuta durante la reciente marcha civil, al afirmar que la cifra real es considerablemente mayor que los 1.200 registrados por el Gobierno. La ciudad autónoma, con 83.000 habitantes, enfrenta un desafío logístico y humanitario al absorber a miles de menores, muchos de ellos de corta edad y, en un porcentaje inusual, niñas.
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La situación ha generado preocupación por la vulnerabilidad de este colectivo, expuesto a abusos, violaciones y maltratos. Fuentes locales describen un escenario de desbordamiento, donde la capacidad de protección es imposible sin medidas urgentes y específicas. La llegada masiva coincide con una estrategia de presión política hacia España, según analistas, que vinculan el aumento de llegadas con la marcha civil organizada en la frontera.
El marco legal español obliga a las comunidades autónomas a asumir la tutela de estos menores, pero Ceuta, como ciudad autónoma, depende directamente del Gobierno central para recursos adicionales. En 2021, un episodio similar dejó a más de 800 menores bajo custodia estatal, lo que llevó a la creación de protocolos de emergencia que ahora podrían reactivarse. Sin embargo, la falta de infraestructuras adecuadas y la saturación de los servicios sociales agravan el riesgo.
Organizaciones como Save the Children y Cruz Roja han solicitado refuerzos inmediatos, mientras el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para supervisar las condiciones de acogida. La Fiscalía de Menores también ha intervenido para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, aunque su capacidad de actuación está limitada por la falta de recursos humanos en la zona.
El Gobierno no ha actualizado públicamente las cifras desde el miércoles, cuando se contabilizaban 1.200 menores. La discrepancia entre las estimaciones oficiales y las advertencias de UNICEF añade incertidumbre a una crisis que ya ha tensionado las relaciones entre España y Marruecos, país desde el que partieron la mayoría de los menores.
