El presidente Jorge Azcón convoca comicios en diciembre de 2025 tras fracasar la aprobación de las cuentas autonómicas prorrogadas desde 2024
El Gobierno de Aragón, liderado por el presidente popular Jorge Azcón, ha convocado elecciones autonómicas para diciembre de 2025 tras no lograr aprobar los presupuestos autonómicos, prorrogados desde 2024 por la falta de apoyos parlamentarios en las Cortes aragonesas.
La crisis se remonta a 2023, cuando Vox abandonó el Gobierno de coalición con el PP en Aragón —y en otras comunidades— por desacuerdos en la gestión de menores inmigrantes no acompañados. Aunque el PP logró mantenerse en el poder hasta finales de 2025, la imposibilidad de sacar adelante las cuentas autonómicas, esenciales para financiar servicios públicos, precipitó la decisión de adelantar los comicios. Este movimiento se enmarca en la estrategia nacional del PP, que ha promovido cuatro convocatorias electorales en distintos territorios para consolidar su posición antes de las generales.
Las Cortes de Aragón, donde el PP no contaba con mayoría absoluta, dependían de acuerdos puntuales con otros grupos para aprobar los presupuestos. La prórroga de las cuentas de 2024, vigente hasta 2025, evidenció la fragilidad de la coalición inicial y la dificultad para articular una alternativa estable. El bloqueo presupuestario no solo afecta a la ejecución de políticas sociales y económicas, sino que también pone en riesgo la financiación de competencias autonómicas como sanidad y educación.
Este adelanto electoral en Aragón se suma a un ciclo de comicios regionales impulsado por el PP desde Génova, que busca reforzar su presencia institucional antes de las elecciones generales. La ruptura con Vox, que se repitió en otras comunidades como Valencia o Murcia, ha reconfigurado el mapa político autonómico, obligando al PP a buscar nuevos aliados o a asumir el riesgo de perder el Gobierno en las urnas.
El caso aragonés refleja un patrón más amplio: la inestabilidad de los gobiernos de coalición en España, especialmente cuando los socios discrepan en políticas clave como la inmigración o la gestión presupuestaria. La imposibilidad de aprobar presupuestos, un requisito legal para garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas, suele ser el detonante de crisis institucionales que terminan en elecciones anticipadas.
Fuente: ABC (se abre en otra pestaña)
