CRedacción Capitol·8 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Gobierno regional admite que los plazos legales impiden destinar el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste antes de 2027
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no podrá destinar los fondos obtenidos por la venta del ático adquirido en 2023 a las ayudas para los afectados por los incendios de la Sierra Oeste hasta, como mínimo, dentro de varios meses. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, evitó precisar el precio de venta previsto durante una comparecencia en la que acusó a la izquierda de buscar fantasmas donde no los hay.
La demora se debe a la estructura legal de la operación: el inmueble fue comprado a través de una empresa pública, lo que impide transferir directamente sus ingresos a gastos corrientes como las ayudas de emergencia. Según fuentes del Ejecutivo regional, el dinero solo estará disponible una vez completada la venta y liquidados los impuestos correspondientes, un proceso que podría alargarse hasta 2027 si el ático no se vende antes de final de año. La presidenta Isabel Díaz Ayuso había anunciado en julio que los beneficios se destinarían a la reconstrucción de la zona afectada por los incendios.
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El ático, ubicado en el distrito de Salamanca, fue adquirido por la Comunidad de Madrid en 2023 por 2,1 millones de euros, según documentos oficiales. El Gobierno regional estimó en su momento que podría venderse por hasta 2,8 millones, aunque el consejero López no confirmó esta cifra en su intervención. La operación ha sido cuestionada por partidos de la oposición, que han solicitado una investigación sobre los criterios de compra y la gestión posterior del inmueble.
Mientras, en Marruecos, los tribunales han condenado a once personas a penas de hasta seis meses de prisión y multas de 1.000 euros por su participación en los incidentes registrados durante el cruce masivo de migrantes a Ceuta la semana pasada. El Ministerio de Justicia marroquí detalló que las condenas incluyen delitos de organización ilegal de migración y resistencia a las fuerzas de seguridad. Este fallo se suma a las tensiones diplomáticas entre España y Marruecos tras la crisis migratoria, que dejó más de 8.000 entradas irregulares en la ciudad autónoma.
La imposibilidad de usar los fondos del ático para ayudas inmediatas pone en evidencia las limitaciones legales de las administraciones públicas para movilizar recursos en situaciones de emergencia. El Gobierno madrileño, que gobierna con mayoría absoluta, no ha aclarado si explorará alternativas para adelantar el dinero, como préstamos o partidas presupuestarias ya existentes. La oposición, por su parte, ha anunciado que solicitará una comparecencia urgente en la Asamblea de Madrid para exigir explicaciones sobre los plazos y la transparencia del proceso.
