La propuesta para reiterar a la Generalitat la tercera solicitud en dos años salió adelante con los votos de PSPV y Compromís y el rechazo de PP, Vox y Gent de Dénia.
El alcalde y concejal de Vivienda de Dénia, Rafa Carrió, anunció ayer, jueves, que el gobierno local estudiará la vía judicial si el Consell sigue sin contestar a sus peticiones para declarar el municipio zona de mercado residencial tensionado. Esa declaración permitiría aplicar mecanismos para limitar los precios del alquiler. El anuncio llegó tras el debate de una propuesta para reiterar la solicitud a la Generalitat, aprobada con los votos del gobierno municipal (PSPV y Compromís) y el rechazo de la oposición (PP, Vox y Gent de Dénia).
Es la tercera ocasión en dos años en que el municipio reclama formalmente la declaración sin recibir contestación de la administración autonómica, que es quien tiene la competencia.
«No podemos continuar indefinidamente esperando una respuesta de la Generalitat», advirtió el alcalde.
Carrió explicó que, si esta tercera solicitud tampoco se atiende, el consistorio repasará el expediente, ampliará la documentación técnica y sumará datos nuevos para presentar una petición motivada antes de recurrir a la vía legal. Si la Generalitat sigue sin pronunciarse, el Ayuntamiento analizará los informes jurídicos y los requerimientos administrativos que hagan falta.
«Si esta tercera petición continúa sin respuesta, vamos a impulsar los pasos administrativos y jurídicos necesarios para que la Generalitat se pronuncie», aseguró Carrió.
El alcalde precisó que una eventual actuación judicial no buscaría que un tribunal declarase Dénia zona tensionada, sino forzar al Consell a contestar y a ejercer sus competencias.
«No estamos diciendo que un tribunal al final tenga que declarar la zona tensionada. Sabemos perfectamente de quién es esa competencia», puntualizó.
Carrió defendió que hay que actuar ya sobre el mercado del alquiler y no aguardar a los resultados de las políticas de construcción de vivienda. Recordó que Dénia está adherida al Plan Vive de la Generalitat, pero advirtió de que las promociones futuras no resuelven la dificultad que tienen hoy muchas familias para pagar el alquiler.
«No podemos utilizar las viviendas que se construirán en el futuro como excusa para no actuar sobre los precios que la gente está pagando hoy», señaló.
Según el alcalde, levantar vivienda pública y regular los precios del alquiler deben ir a la par, porque «no son medidas incompatibles, son complementarias».
Con la declaración, el Ayuntamiento pretende frenar las subidas abusivas, dar estabilidad a las familias y evitar que los vecinos tengan que marcharse del municipio.
Carrió sostuvo que regular los precios no supone un ataque a propietarios, inmobiliarias ni al sector turístico. «Regular los precios no es ir en contra de nadie», afirmó.
El alcalde enumeró también las medidas municipales ya en marcha: límites a nuevas viviendas turísticas, una ordenanza que las regula, ayudas para rehabilitar inmuebles vacíos y suelo reservado para vivienda protegida. «No hemos resuelto el problema, ni mucho menos, pero hemos actuado allí donde podíamos actuar», reconoció.
Por último, reclamó a la Generalitat que asuma su responsabilidad, pues considera que la declaración de zona tensionada es una competencia autonómica clave para contener los precios. «Desde este ayuntamiento y con las competencias que tenemos continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y esperamos que la Generalitat también asuma la responsabilidad que le corresponda», concluyó.
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