El Gobierno destina 25 millones para gestionar la crisis mientras Junts y PP-Vox chocan por el reparto
Ceuta acoge ya a 1.160 menores no acompañados tras la llegada masiva de inmigrantes la semana pasada, una cifra que supera en 980 el registro previo de mediados de julio, cuando la ciudad atendía a unos 180. Las fuentes del Gobierno ceutí advierten de que el número seguirá creciendo, ya que algunos menores permanecen ocultos en montes y playas por miedo a identificarse.
La capacidad de acogida local es de apenas 30 plazas, lo que obliga a derivar a los menores a centros de la Península según la Ley de Extranjería, un proceso que ya se aplicó con Canarias. Sin embargo, el reparto entre comunidades autónomas suele alargarse al analizarse cada caso de forma individual, a pesar de la obligación legal de acogida.
Ante el colapso, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este martes una partida de 25 millones de euros para gestionar la acogida. Mientras, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, celebró que Cataluña no recibirá a ningún menor gracias a un pacto previo con el Gobierno que introduce el «esfuerzo previo de acogida» en los criterios de reparto.
El PP y Vox han reaccionado con dureza. El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que resuelva la crisis, al considerar que la llegada a Ceuta fue un problema de seguridad nacional y no migratorio. «El que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo. Que por donde han entrado, vuelvan a salir», declaró. Fuentes del partido aseguran que se cumplirá la legalidad, pero advierten de que el Ejecutivo encontrará más obstáculos para los traslados, incluso por sentencias judiciales que anulan repartos por falta de motivación.
El conflicto podría intensificarse en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox controla las consejerías de protección de menores en gobiernos de coalición con el PP. Estas comunidades ya han manifestado su oposición a los repartos obligatorios, promoviendo el retorno a los países de origen y aplicando el principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas. Vox abandonó en 2024 los Ejecutivos autonómicos con el PP tras aceptar estos una distribución voluntaria de menores procedentes de Canarias.
Fuente: El Español
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