La Asamblea de Ceuta, con unanimidad de PP, Vox, PSOE y otros grupos, exige al Gobierno medidas urgentes para el retorno de migrantes y el refuerzo de la frontera
La Asamblea de Ceuta ha declarado este viernes que la ciudad autónoma se encuentra «al borde del colapso» un mes después de la entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos por el Tarayal, ocurrida el pasado 30 de julio. En una declaración institucional ratificada por unanimidad de todos los grupos políticos —PP, Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya—, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha alertado de que la crisis ha alterado «de forma profunda» la vida diaria, afectando a la seguridad ciudadana, los servicios públicos, la sanidad, la economía y la convivencia.
El texto, leído ante los medios por Vivas, considera «legítimas y plenamente justificadas» las protestas ciudadanas que reclaman la recuperación de la normalidad, pero insta a que se desarrollen «de manera pacífica y ordenada». Los grupos políticos rechazan «con total rotundidad» cualquier episodio de violencia y advierten de que los actos vandálicos «no representan a los ceutíes» y dañan la imagen de la ciudad. La declaración anuncia sanciones contra quienes dañen el mobiliario urbano y subraya que «nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano».
Entre las medidas exigidas al Gobierno central figuran el retorno, dentro del marco legal, de quienes aún permanecen en Ceuta, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el «blindaje» de la frontera. La Asamblea también solicita compensaciones para empresas, trabajadores y autónomos afectados por la crisis, así como garantías para la operatividad de los servicios públicos y la atención a la emergencia humanitaria. El documento define la situación como de «alto riesgo» para la seguridad nacional y advierte de que «no queda mucho tiempo» para evitar un escenario peor.
La declaración cierra con un llamamiento a la unidad política: «Juntos y unidos, Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende». La crisis ha llevado a la ciudad a perder, según el texto, «su forma de vida y la tranquilidad», y los representantes políticos exigen al Ejecutivo central que actúe «de manera inmediata» para restablecer la normalidad. La Asamblea no especifica plazos concretos para las medidas solicitadas, pero insiste en que la respuesta debe ser urgente.
La entrada masiva del 30 de julio, una de las mayores registradas en la frontera sur de España, ha pensionado los recursos de la ciudad, que cuenta con unos 83.000 habitantes. La Asamblea de Ceuta, órgano legislativo de la ciudad autónoma, tiene competencias en áreas como urbanismo, educación y servicios sociales, pero depende del Gobierno central para cuestiones de seguridad y control de fronteras. La declaración institucional no tiene carácter vinculante, pero refleja la posición unificada de los partidos con representación en el hemiciclo.
Fuente: El Confidencial
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