Redacción Capitol·5 de agosto de 2026·2 min de lectura
El delegado del Gobierno cifra en 2.500 los irregulares en Ceuta; asociaciones denuncian expulsiones sin garantías
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha confirmado este lunes que 2.500 migrantes en situación irregular permanecen en la ciudad autónoma cuatro días después de la entrada masiva por el espigón de El Tarayal, donde Interior eleva a 72 los cadáveres recuperados, frente a los 88 que menciona el presidente ceutí.
Mientras, cientos de migrantes son trasladados en autobuses militares y vehículos policiales a la frontera para su retorno a Marruecos, un proceso que la Delegación del Gobierno califica como voluntario. Sin embargo, la asociación Elín alerta de que entre los grupos hay menores y sudaneses, yemeníes o palestinos, que por ley no pueden ser expulsados sumariamente al ser potenciales solicitantes de asilo.
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En la Playa de Benítez, decenas de migrantes, como los palestinos Ahmed y Mohamed o los yemeníes Musleh y Mahmoud, denuncian el abandono y la imposibilidad de acceder a comida o agua. Musleh, que llegó con neopreno, recuerda los gritos de ayuda en el mar y menciona la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de inmigrantes interceptados en aguas.
Marruecos admitió ayer que 40.000 personas llegaron a su frontera con Ceuta y otras 1.135 a Melilla, con 11 muertos en su territorio. El delegado del Gobierno reconoce que la ciudad no tiene capacidad para atender a los 2.500 migrantes restantes, mientras el Ministerio de Inclusión refuerza la atención humanitaria en los alrededores del CETI.
Desde Elín advierten de que, en situaciones excepcionales como la de 2021, se han producido expulsiones sin garantías, independientemente del perfil de los migrantes, y documentan vulneraciones de derechos.
Según la Constitución española, el Estado tiene la obligación de proteger a los migrantes y garantizar su seguridad. En este sentido, la Delegación del Gobierno en Ceuta debería asegurarse de que los procedimientos de devolución sean realizados de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, y que se respeten los derechos humanos de los migrantes.
Además, la Asociación Elín ha solicitado al Gobierno que se establezcan protocolos claros y transparentes para la devolución de migrantes, y que se garantice la presencia de organizaciones humanitarias y de derechos humanos en el proceso de devolución.
