El consejero Manuel Gavira, de Vox, exige a los ayuntamientos que digan en qué gastarían lo recaudado, mientras Málaga calcula que ingresaría 30 millones de euros.
Andalucía no seguirá la estela de Cataluña, Baleares y Galicia, que ya cobran una tasa a los turistas, ni la del País Vasco, que la aplicará desde el próximo enero. La Consejería de Turismo, en manos de Vox, se niega a legislar y sostiene que corresponde al Gobierno central, mediante la Ley de Haciendas Locales, habilitar a los ayuntamientos para recaudar.
Las capitales de provincia, con Sevilla y Málaga a la cabeza, insisten ante la Junta para que les permita imponer el tributo. Aseguran que el aumento de visitantes eleva sus gastos en limpieza, seguridad y patrimonio. Andalucía fue la región más visitada de España el año pasado, con casi 38 millones de turistas. Sevilla marcó su récord con 3,7 millones, un 3 % más que el año anterior, y Málaga alcanzó 1,4 millones, un 3,9 % más.
«Ni abro ni cierro la puerta a la tasa», afirma el consejero andaluz de Turismo, Manuel Gavira, líder de Vox en la región. Gavira asegura que ningún alcalde le ha dicho aún que destinaría lo recaudado a la recogida de residuos o a los problemas derivados del turismo, y defiende que la tasa debe ser finalista. La Junta añade que no quiere gravar con más impuestos a los andaluces, que suponen el 30 % de los turistas de la región, unos 11,5 millones.
Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, replican que no pueden fijar en qué invertir sin conocer la cuantía de la tasa, algo que, según dicen, debe definirse antes. El Ayuntamiento de Málaga estima que recaudaría 30 millones de euros. Fuentes del Consistorio, que dirige el popular Francisco de la Torre, indican que prefieren aplicar la tasa mediante la Ley de Haciendas Locales, aunque no descartan otras vías.
El Ayuntamiento de Cádiz, también del PP, explica que cobraría la tasa a través de los hoteles y la destinaría a patrimonio, cultura o actuaciones de carácter social. Su alcalde, Bruno García, prefiere reformar la ley estatal, pero opina que, si el Gobierno central no responde a los ayuntamientos, se puede explorar la vía autonómica. El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), afirma que su prioridad no es la tasa, sino paliar el corte del AVE a Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda y la pérdida considerable de turistas que, a su juicio, provocará.
El Ministerio de Hacienda recuerda que ve con buenos ojos la experiencia de Cataluña y rechaza que la Junta no pueda legislar sobre la materia, como hizo recientemente Galicia, gobernada por el PP.
La patronal hotelera se opone a la tasa en Andalucía y en el resto de España. Su secretario general, Ramón Estalella, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), advierte de que las tasas elevadas pueden generar desafección y propone gravar servicios concretos, como los aparcamientos. Reconoce que en las regiones con tasa no se ha notado una caída de turistas, pero señala que es imposible que la demanda siga creciendo de forma lineal.
La Federación Andaluza de Municipios también pide al Gobierno central que legisle, y plantea además explorar otras vías, como un fondo de financiación local aportado por la Junta, según un portavoz. Maribel Román, secretaria de políticas sociales de UGT, defiende que los turistas hacen un uso intensivo de los servicios públicos y que, con un gasto medio diario de 87 euros, dos o tres euros no espantarían a ninguno. El sindicato pide que la tasa sea finalista, transparente en su gestión y visible en su destino.
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