Las diez defensorías del pueblo de España piden reconocer la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante las administraciones públicas, en un decálogo de conclusiones presentado este viernes tras un año de trabajo.
Las conclusiones se presentaron el viernes en las 39º Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común de Canarias.
Entre las propuestas figura el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo exigible ante las administraciones públicas. También piden incrementar de forma significativa el parque de vivienda social y reforzar la inversión pública para garantizar el acceso a un hogar digno y adecuado.
La diputada del Común, Lola Padrón, afirma que este planteamiento sitúa la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda en las administraciones competentes. Padrón señala que la vivienda no puede entenderse exclusivamente como un bien sujeto a las dinámicas del mercado.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, considera que los problemas importantes, como el de la vivienda, solo se pueden solucionar coordinadamente, mediante espacios de colaboración. Gabilondo reivindica el acuerdo y el trabajo conjunto para afrontar la desafección, que puede acabar poniendo en cuestión la democracia.
El decálogo recoge el reconocimiento expreso de la vivienda como derecho subjetivo, para que quienes no puedan acceder a ella en condiciones de mercado puedan exigir a las administraciones una respuesta.
El acuerdo reclama un incremento significativo y sostenido del parque de vivienda social y protegida, hasta alcanzar, como mínimo, los estándares europeos. Para ello plantea mantener de forma permanente la calificación protegida de las viviendas públicas, priorizar el alquiler asequible y evitar que estos inmuebles terminen incorporándose al mercado libre.
Se insta a ampliar la inversión pública mediante nuevas promociones, rehabilitación, movilización de viviendas deshabitadas y fórmulas de colaboración público-privada sujetas a garantías de asequibilidad.
Otro punto clave es la actuación coordinada entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de acuerdo con las competencias de cada nivel administrativo. Esta cooperación debe regirse por una planificación rigurosa de las necesidades residenciales, una mayor disponibilidad de suelo para vivienda protegida y recursos presupuestarios suficientes.
El documento exige que las administraciones ofrezcan respuestas concretas a las personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda. Las defensorías piden que cada solicitud reciba una resolución expresa en un plazo razonable, con información sobre las actuaciones previstas para atenderla.
Otras medidas pasan por reforzar las ayudas al alquiler, adaptar sus cuantías y requisitos a la realidad del mercado inmobiliario y mejorar la transparencia y agilidad de la gestión pública.
Se pone el acento en la supervisión de los alquileres de uso turístico y de los contratos de temporalidad para evitar sus efectos adversos sobre la oferta residencial de larga duración.
Asimismo, el decálogo pide atención prioritaria a personas de especial vulnerabilidad, como los menores, las personas mayores o las víctimas de la violencia machista.
Cobertura de Capitol
Corrección (31/10/2026): el titular decía que las defensorías piden exigir judicialmente el derecho a la vivienda; piden que sea un derecho subjetivo exigible ante las administraciones.
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