CRedacción Capitol·6 de agosto de 2026·2 min de lectura
Más de 60.000 personas intentaron cruzar la frontera en Ceuta tras la sentencia que prohíbe las devoluciones en caliente, según el Ejecutivo
El Gobierno español ha atribuido la crisis en Ceuta a una ‘lectura interesada’ de la sentencia del Tribunal Supremo por parte de las mafias, según declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La sentencia prohíbe las devoluciones en caliente de personas que entran irregularmente en el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la crisis en Ceuta se debió a una ‘violación de la integridad territorial de España’ y ha pedido a Marruecos que ‘llegue hasta el final’ para saber lo que pasó. Sin embargo, el Ejecutivo ha evitado explicar qué falló y cómo pudo fallar en la gestión de la crisis.
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La respuesta del Gobierno
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el trabajo de los servicios de inteligencia y ha atribuido la responsabilidad de la crisis a las mafias que ‘organizan y engañan’ a las personas que intentan entrar en el país de forma irregular.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se llevará a cabo una ‘evaluación’ con Marruecos para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Ceuta. Mientras, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en que no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de la crisis.
La reacción de Marruecos
Una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí ha asegurado que Marruecos alertó a España días antes de la crisis en Ceuta sobre el riesgo que suponía la sentencia del Tribunal Supremo, que vetaba las devoluciones en caliente de personas que llegan a nado. La fuente ha destacado que la gestión migratoria es ‘una responsabilidad compartida’ entre ambos países.
Según la Constitución española, el Gobierno tiene la competencia para gestionar la inmigración y la frontera, pero también tiene que coordinarse con Marruecos para evitar situaciones como la vivida en Ceuta. La crisis en Ceuta se enmarca en el contexto de la crisis migratoria en Europa, que ha llevado a un aumento en la cantidad de personas que intentan cruzar la frontera de manera irregular.
La sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de personas que entran irregularmente en el país es un precedente importante en la gestión migratoria en España. La sentencia ha sido interpretada como un golpe para la política de devoluciones en caliente del Gobierno, que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y otros países europeos.
