El instructor del Tribunal Supremo rechaza las alegaciones del exjefe de gabinete de Sánchez para devolverle su terminal o revisar la medida
El magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso de las cloacas del PSOE en el Tribunal Supremo, ha ordenado este martes volver a examinar el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez durante su etapa al frente del partido, según fuentes jurídicas de la causa. La decisión se produce tras rechazar las alegaciones presentadas por la defensa de Serrano, que solicitaba la devolución del terminal o, en su defecto, una revisión de la medida de investigación.
El caso cloacas, abierto en 2023, investiga presuntas irregularidades en la contratación de servicios de inteligencia paralelos durante el mandato de Sánchez como secretario general del PSOE. Serrano, una de las figuras clave en la estructura orgánica del partido entre 2014 y 2018, entregó su dispositivo en marzo de 2024 como parte de las diligencias. La defensa argumentó que el análisis previo no había arrojado indicios relevantes y que la retención del terminal vulneraba derechos fundamentales, una petición que Pedraz ha desestimado sin entrar en el fondo del asunto.
La medida afecta directamente a la estrategia procesal del PSOE, que ha mantenido un discurso de «persecución política» desde la apertura de la causa. Serrano, actualmente asesor externo del partido, no ocupa cargo público, pero su vinculación histórica con Sánchez lo sitúa en el centro de la polémica. El instructor, conocido por su independencia en casos de alto voltaje político —como la investigación a la infanta Cristina o el procés—, ha evitado hasta ahora pronunciamientos que pudieran interpretarse como parciales, limitándose a resolver cuestiones procesales.
El marco legal permite al juez ordenar el volcado de datos de dispositivos electrónicos cuando existan «indicios racionales» de su relación con un delito, según el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La defensa de Serrano podría recurrir la decisión ante la Sala Segunda del Supremo, aunque fuentes cercanas al caso descartan que la vía judicial prospere en esta fase. Mientras, el PSOE ha evitado comentar públicamente el auto, aunque fuentes internas confirman que se estudian «todas las opciones» para impugnar lo que consideran un «ensañamiento» con su cúpula histórica.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de judicialización de la política, donde investigaciones como esta o el caso Kitchen —que también involucra a altos cargos del PSOE— han pensionado la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La decisión de Pedraz, aunque técnica, reaviva el debate sobre los límites de las medidas de investigación en causas con implicaciones políticas, especialmente cuando los investigados no ocupan cargos públicos en el momento de la instrucción.
Fuente: La Razón
