CRedacción Capitol·6 de octubre de 2026·3 min de lectura
Begoña Alfaro defiende la legalidad de la norma y anuncia que el Gobierno foral se personará si el tribunal admite el recurso
El Gobierno de Navarra ha reiterado su confianza en la legalidad de la Ley de Vivienda aprobada en junio. El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. La medida prolonga indefinidamente la calificación de viviendas protegidas. Afecta a unas 2.200 familias en alquiler protegido.
La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, declaró que la normativa cuenta con los informes jurídicos necesarios. Añadió que tiene el aval de jurisprudencia consolidada. Según Alfaro, el PP busca favorecer los intereses de los fondos buitre. Añadió que genera inseguridad jurídica, personal y existencial para más de 2.200 familias navarras.
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Argumentos del Gobierno foral
Alfaro sostuvo que la ley no vulnera la seguridad jurídica. Afirmó que protege derechos consolidados y evita confundir expectativas con derechos. Añadió que, si el Tribunal Constitucional admite el recurso, el Gobierno se personará en defensa de las familias. Dijo que el PP deja la defensa de los buitres al partido.
La consejera también criticó la retórica de la derecha. Afirmó que nunca han utilizado el concepto de seguridad jurídica para defender a las familias, sino para proteger intereses especuladores. «No tenemos ninguna duda de la legalidad de la medida porque además la sustentan en un falso argumento de la retroactividad», puntualizó.
Reacción del Partido Popular
El diputado del Congreso, Sergio Sayas, anunció el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular. Argumentó que la ley vulnera la seguridad jurídica y que, sin ella, no se construirá ninguna vivienda en la comunidad. Sayas vinculó la medida a la política de vivienda de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. También la relacionó con el Gobierno nacional liderado por Pedro Sánchez.
Según Sayas, la actual política de construcción, de unas 500 viviendas al año, requeriría 50 años para cubrir la demanda actual. Calificó la situación como drama de la vivienda. Además, afirmó que la ley foral sobre alquiler protegido y retroactividad es la causa del supuesto desincentivo a la inversión.
El diputado también adelantó que, una vez concluida la campaña electoral, el PP presentará un plan foral de vivienda con cuatro ejes. Estos son: agilización administrativa, aumento de la construcción, avales públicos para menores de 40 años y deducciones fiscales para alquiler y donaciones familiares.
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Alfaro, al ser interrogada sobre la posible relación del recurso con el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, respondió que desconoce si forma parte de tácticas electoralistas. Calificó de ruin cualquier intento de manipular la normativa con fines políticos.
En caso de que el Tribunal Constitucional admita el recurso, Alfaro advirtió que los efectos beneficiosos para las familias quedarían en suspenso, lo que provocaría un drama de inseguridad jurídica, personal y existencial para los beneficiarios de la norma.
El Gobierno foral ha reiterado que se posicionará del lado de las familias y que la medida aprobada por una amplia mayoría del Parlamento foral posee legitimidad democrática indiscutible.
El dato Capitol: la media de encuestas para unas elecciones generales sitúa a PP en el 32,2 % de los votos (21 encuestas, últimos tres meses). Ver el agregador.
