El proyecto gallego, el primero de España y Europa, prevé borrado gratuito de huella digital y asistencia jurídica a las víctimas sin denuncia previa
La Xunta de Galicia inició este martes en el Parlamento la tramitación de la ley contra el acoso y la violencia digital, la primera de España y Europa. La norma busca proteger a mujeres, niñas, adolescentes y otros colectivos vulnerables.
La conselleira de Política Social, Igualdade e Xuventude, Fabiola García, explicó que el texto se divide en cuatro bloques: principios de actuación, medidas de sensibilización y prevención, formación del personal público y de las fuerzas de seguridad, y protección y apoyo a las víctimas.
Entre las medidas previstas figura un servicio gratuito de borrado de la huella digital, que eliminará contenidos utilizados como instrumento de acoso. Las víctimas tendrán asistencia jurídica gratuita sin necesidad de presentar denuncia previa.
Competencia digital obligatoria en todas las etapas
El proyecto también obliga a incluir contenidos de competencia digital en todos los currículos no universitarios. Además, prevé un plan integral contra el acoso y el ciberacoso como medida de sensibilización y prevención.
La norma prevé acuerdos con empresas para establecer mecanismos ‘ágiles’ y ‘urgentes’ de denuncia y retirada de contenidos. También incorpora una guía sobre los derechos de las víctimas, pautas de seguridad informática y recomendaciones para conservar evidencias digitales.
Más de 200 profesionales ya han recibido formación en este tipo de violencia, según indica la propia Xunta.
BNG y PSdeG piden concretar recursos y plazos
Los grupos de la oposición consideran insuficiente el proyecto. El BNG y el PSdeG presentaron enmiendas a la totalidad que no prosperaron. La diputada del PSdeG, Paloma Castro, criticó que la norma ‘diluye’ la dimensión de género de la violencia digital y consideró insuficiente la prevención educativa porque no concreta contenidos ni protocolos.
El BNG presentó una enmienda a la totalidad al considerar el proyecto insuficiente y reclamar que se concreten recursos, obligaciones y mecanismos de actuación.
Desde el PPdeG, la diputada Mª Encarnación Amigo defendió el carácter pionero del proyecto y advirtió de que la Xunta no tiene competencias para regular a las plataformas tecnológicas. Amigo propuso adaptar la norma a la rápida evolución tecnológica.
El PP también presentó una enmienda que contempla el borrado de huella digital cuando exista una resolución judicial o medida cautelar. La diputada recordó que ‘dialogar no significa paralizar, ni consensuar significa volver a la casilla de salida’.
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