Escaños de cada partido el 29-N: D’Hondt cambia de víctima

Con la media de 26 encuestas a 19 de octubre, el PP obtendría el 29-N 132 escaños, el PSOE 106 y Vox 67. El gran cambio frente a 2023 está en a quién castiga la ley D’Hondt: Vox ha dejado de ser el gran castigado del sistema y ahora lo es la izquierda del PSOE, a la que cada diputado le costaría unos 159.000 votos, frente a 98.000 hace tres años.

Según la estimación del agregador de encuestas de Capitol, que promedia los 26 sondeos publicados en los últimos 28 días, el Congreso que saldría de las urnas el 29 de noviembre tendría esta forma: PP 132 diputados (uno de ellos de UPN, que encabeza la lista conjunta en Navarra), PSOE 106, Vox 67, ERC 10, Frente Amplio 8, EH Bildu 7, Junts 6, PNV 5, Compromís-Front Valencià 3, BNG 2, Unidad del Pueblo Canario 2, Podemos 1 y Coalición Canaria 1. Frente a los 350 escaños que proclamó la Junta Electoral Central en 2023, Vox duplica su grupo, el PSOE pierde 15 diputados y el espacio que entonces concurrió unido bajo la marca Sumar pasa de 31 a 14, repartidos ahora en cuatro listas.

Leída así, la tabla cuenta una historia de votos: Vox sube seis puntos y el PSOE cae cinco. Pero debajo hay otra, menos visible y casi igual de importante, que es la del precio. El sistema electoral español no convierte los votos en escaños de forma neutra, y la novedad de esta elección es que el partido al que más perjudicaba en 2023 ha dejado de ser el más perjudicado.

Vox sale de la zona de castigo

En las generales de 2023, cada diputado del PP costó de media 59.568 votos y cada uno del PSOE, 64.642. Vox necesitó 92.636 por escaño y Sumar, 98.226, según los resultados oficiales que la Junta Electoral Central publicó en el BOE. Con casi el mismo porcentaje de voto, el 12,4 % y el 12,3 %, los dos partidos medianos sacaron 33 y 31 diputados, mientras el PP lograba 137 con el 33,1 %. Los politólogos lo llaman efecto mecánico porque lo produce la fórmula y no la decisión del votante: la regla D’Hondt, aplicada en circunscripciones que eligen pocos diputados, premia al primero y castiga al tercero y al cuarto.

Con la proyección provincial de Capitol, ese precio se reordena. Al PP cada escaño le saldría por unos 59.000 votos, prácticamente lo mismo que hace tres años, y al PSOE por unos 61.500. Vox bajaría a 67.600. Sigue pagando algo más que los dos grandes, un 14 % más que el PP frente al 55 % de 2023, pero ha salido de la zona de castigo. En el otro extremo, Frente Amplio necesitaría 162.000 votos por cada uno de sus ocho diputados, y Podemos, más de medio millón para el único que obtendría, en Madrid. Sumadas las cuatro listas del antiguo espacio de Sumar, el coste medio sube a unos 159.000 votos por escaño: un 62 % más caro que en 2023.

Hay una manera más exacta de aislar el efecto del sistema: repetir el reparto con otro método proporcional y comparar. Capitol lo ha hecho, provincia a provincia, con el de cociente y restos mayores, con los mismos votos y la misma barrera del 3 % que fija el artículo 163 de la LOREG. En 2023, D’Hondt dio 13 escaños de más al PP y 9 al PSOE, y le quitó 13 a Vox y 6 a Sumar. Con la media de hoy, el PP seguiría ganando 11 y el PSOE 5, pero Vox ya solo perdería 5, mientras que el espacio a la izquierda del PSOE perdería 9, ocho de ellos de Frente Amplio. La penalización no ha desaparecido. Ha cambiado de bando.

La explicación está en el tamaño de las provincias. El politólogo Rein Taagepera propuso una regla sencilla para saber qué porcentaje garantiza, más o menos, un escaño en un distrito: el 75 % dividido entre el número de diputados más uno. En una provincia de tres escaños ese umbral efectivo ronda el 19 %; en una de cinco, el 12,5 %. Hay 29 circunscripciones que eligen cinco diputados o menos, casi toda la España interior, y en 2023 Vox, con el 12 % nacional, quedó por debajo del listón en la mayoría: solo sacó escaño en ocho. Con el 18 % que le atribuye hoy la media, lo supera en muchas más, y la proyección le da diputado en 17. Un partido que crece seis puntos no gana seis puntos de escaños de forma lineal; cruza umbrales, y cada umbral cruzado en una provincia pequeña vale un escaño entero. Nueve de sus 34 diputados nuevos saldrían de esas provincias pequeñas; el resto, de segundos y terceros escaños en las medianas y grandes, con Andalucía (seis) a la cabeza y Madrid y Cataluña (cuatro cada una) detrás, como detalla el reparto provincial de Vox.

Una izquierda con votos y sin escaños

Con la izquierda del PSOE ocurre el proceso inverso. Su voto conjunto no se ha hundido: Frente Amplio, Podemos, Compromís y Unidad del Pueblo Canario suman algo más del 9 % en la media, frente al 12,3 % de Sumar en 2023. Lo que se ha hundido es la conversión. Una lista con el 12 % en una provincia de siete diputados entra con holgura; dos listas con el 8 % y el 4 % pueden quedarse las dos fuera. Asturias lo muestra con nitidez. El espacio reuniría allí el 11,9 % de los votos, por encima del umbral efectivo de una circunscripción de siete escaños, cercano al 9,4 %. Pero ese voto se reparte entre Frente Amplio, con el 8 %, y Podemos, con el 3,9 %, y ninguno de los dos llega. El diputado que Sumar tuvo en Asturias pasaría al PSOE.

La escena se repite en doce de las diecinueve provincias en las que Sumar sacó diputado en 2023. En Zaragoza el espacio tendría el 10,1 % y en Córdoba el 10,3 %, y en ninguna de las dos obtendría representación. Quién se queda el escaño depende del mapa de cada sitio, y por eso el efecto no se reparte de forma limpia por bloques: en Córdoba acabaría en el PP, en Bizkaia en el PNV, en Asturias en el PSOE, y en A Coruña, Granada, Málaga, Tarragona y Zaragoza, en Vox. Solo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Baleares y las dos provincias canarias, donde se eligen más diputados o el voto se concentra en una sola lista, tendría algún asiento.

¿Por qué se ha partido ese voto? El último barómetro del CIS con microdatos públicos, el de noviembre de 2025 (estudio 3530), permite asomarse a ese electorado con dos cautelas: es de hace once meses y el recuerdo de voto que declaran los entrevistados tiene sesgos conocidos, de modo que sirve para ver proporciones, no para estimar resultados. De las 473 personas que recordaban haber votado a Sumar en 2023, el 39 % pensaba volver a hacerlo y el 22 % se inclinaba por Podemos; solo el 10 % se iba al PSOE, y un 15 % aún no lo sabía. Seis de cada diez votantes de 2023 seguían, por tanto, en ese espacio, pero divididos entre dos marcas que el 29-N no compartirán papeleta salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias, donde Compromís y Unidad del Pueblo Canario integran a las dos. El problema de la izquierda alternativa es menos de fuga que de aritmética.

España conoce bien este mecanismo, y lo ha sufrido cada bloque a su turno. En diciembre de 2015 Izquierda Unida reunió más de 900.000 votos y se quedó con dos diputados. Seis meses después concurrió con Podemos bajo la marca Unidos Podemos y, aunque la coalición sacó alrededor de un millón de votos menos que la suma de ambas formaciones por separado, conservó los 71 escaños. En abril de 2019 fue la derecha la que pagó la división: PP, Ciudadanos y Vox reunieron casi el 43 % de los votos en tres listas y se quedaron en 147 diputados, lejos de la mayoría. Siete años después, los papeles se han invertido. PP y Vox compiten entre sí, pero ambos son ya lo bastante grandes para superar el umbral efectivo en casi todas las provincias, y el voto de la derecha que se pierde sin escaño es pequeño: el 1,8 % de SALF, que no obtendría ningún diputado. En el otro lado, además de la división entre Frente Amplio y Podemos, se quedan sin representación el 0,9 % de Adelante Andalucía, que con restos mayores sacaría dos.

Capitol ya calculó cuánto cuesta esa fractura: con los votos de la media, una lista única de Frente Amplio y Podemos habría obtenido 16 diputados en lugar de 9, siete más, como detalla el análisis del coste de la división. No sería suficiente para cambiar la mayoría: PP (con UPN) y Vox sumarían 199 escaños, 23 por encima de los 176 de la mayoría absoluta. Pero sí bastaría para alterar el tamaño de cada grupo en la negociación que vendría después.

Conviene leer todas estas cifras con prudencia. La proyección reparte la media nacional por provincias con el método que Capitol explica en su metodología, y los últimos escaños de muchas circunscripciones se deciden por unos pocos miles de votos, a veces por cientos: un error pequeño en una provincia mediana mueve un diputado, y con él el coste medio de cada partido. La estimación tampoco recoge un fenómeno que sí aparece en todas las campañas, lo que Maurice Duverger llamó efecto psicológico del sistema: el votante que sabe que su lista no tiene opciones en su provincia tiende a concentrar el voto en una que sí las tiene. En noviembre de 2019 ese mecanismo dejó a Ciudadanos en 10 diputados, desde los 57 de siete meses antes. El mismo efecto podría empujar ahora a parte del voto de Frente Amplio o de Podemos hacia el PSOE en las provincias pequeñas, o a parte del voto de SALF hacia Vox o el PP.

Los formatos ya están cerrados: el plazo para comunicar coaliciones a la Junta Electoral terminó el 16 de octubre, y esta semana se presentan las candidaturas. A partir de aquí, lo que puede cambiar no es la oferta, sino la forma en que los votantes reaccionan a ella. Si el 29-N Frente Amplio y Podemos suman algo más del 7 % y obtienen nueve diputados, el sistema habrá hecho lo de siempre: no castiga a los partidos por ser pequeños, sino por dividirse allí donde se eligen pocos escaños.