El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado este viernes en Bruselas, a su llegada a la reunión de ministros de Cultura de la Unión Europea, el recorte del 30 % en cultura incluido en la última posición negociadora del próximo presupuesto comunitario.
La carta, publicada el jueves y firmada también por los ministros de Polonia, Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía, sostiene que la cultura «desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de nuestras democracias».
Según el ministro, en el momento que atraviesa la Unión Europea es «absolutamente imprescindible seguir invirtiendo en cultura», y considera «un grave error» la propuesta de la presidencia de turno del Consejo, que ahora asume Irlanda.
Urtasun ha anunciado que el asunto se abordará y debatirá en la reunión del Consejo de este viernes.
Preguntado por los fondos para Cultura en un eventual Gobierno del PP y Vox, el ministro ha recordado que Vox propone la eliminación del Ministerio de Cultura y que el PP ha dicho que este pasará a estar diluido en otros ministerios.
Urtasun ha denunciado además la censura que, según sus palabras, ejercen los Gobiernos autonómicos de derechas en comunidades como Castilla y León al condicionar las ayudas al cine a criterios ideológicos, lo que considera «gravísimo».
«Si alguien cree que con estas credenciales un Gobierno de PP y Vox vendría aquí a defender un presupuesto ambicioso en cultura, creo que es evidente que eso no va a ocurrir», ha sentenciado el ministro.
En la misma comparecencia, Urtasun ha expresado su oposición al acuerdo de los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos con Ruanda para crear un llamado «centro de retorno» para solicitantes de asilo rechazados por la UE.
El ministro considera esta propuesta «absolutamente intolerable» y afirma que será objeto hoy de «conversaciones informales» con sus homólogos europeos.
Urtasun recuerda que el Constitucional italiano ha rechazado la creación de este tipo de campos externos y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó un intento británico similar. Según el ministro, medidas de este tipo «no caben en los ordenamientos constitucionales y en el ordenamiento comunitario», ni en «una Europa democrática que defiende el derecho internacional».
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