Fiscalía Anticorrupción mantiene imputada a expareja de Ábalos por «enchufismo»
El ministerio público rechaza eximir a Jésica Rodríguez pese a su declaración como testigo en el juicio de las mascarillas y vincula a un directivo de Adif en el caso
CRedacción Capitol·26 de agosto de 2026·2 min de lectura
El ministerio público rechaza eximir a Jésica Rodríguez pese a su declaración como testigo en el juicio de las mascarillas y vincula a un directivo de Adif en el caso
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado mantener la imputación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro socialista José Luis Ábalos, en la causa por presunto tráfico de influencias y contratación irregular en empresas públicas como Eneco y Tragsatec. El ministerio público argumenta que su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo —antes de ser investigada— no exime su responsabilidad, aunque podría atenuar una eventual pena.
El informe fiscal, remitido a la Audiencia Nacional, subraya que la sentencia del Supremo que condenó a Ábalos a 24 años de cárcel por el caso de las mascarillas «ha de implicar necesariamente» el cambio de estatus procesal de Rodríguez. La Fiscalía reconoce que su testimonio fue «contundente» al afirmar que Ábalos conocía su situación laboral y que facilitó datos verificados sobre su retribución y los 13 viajes realizados con el exministro, pero insiste en que estos hechos quedaron «corroborados por numerosos datos de prueba».
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Además de Rodríguez, el ministerio público pide mantener la imputación de Ignacio Zaldibar, subdirector de Gestión Administrativa de Adif, por su papel en la contratación de la expareja de Ábalos. Zaldibar declaró en el juicio que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le transmitió «indicaciones del ministro» para que Tragsatec no «molestara» a Rodríguez. La Fiscalía considera probado que Zaldibar ejerció presiones para garantizar su puesto, primero en Eneco y luego en Tragsatec, donde cobró sin prestar servicios hasta septiembre de 2021.
El delito de tráfico de influencias imputado a Zaldibar no estaría prescrito, según el informe, al prolongarse las presiones hasta la extinción del contrato de Rodríguez. La causa, instruida en la Audiencia Nacional, se centra en la red de contactos entre altos cargos socialistas y empresas públicas durante la pandemia, con Ábalos como figura central. La sentencia del Supremo que lo condenó por el caso de las mascarillas ya estableció su responsabilidad en la contratación irregular de su expareja.
La decisión de la Fiscalía llega en un momento clave para la investigación, que podría derivar en nuevas imputaciones o en la solicitud de penas concretas. Rodríguez, que declaró como testigo en 2023, alegó desconocer la irregularidad de su contratación, pero la Fiscalía descarta que su versión anule las pruebas documentales y testimoniales que la vinculan al caso.
