CRedacción Capitol·10 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El exlíder del PSOE extremeño alega ante la Audiencia que la pena no debe extenderse a otras administraciones ni a contratar con ellas
Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura, ha presentado este jueves un escrito de alegaciones ante la Audiencia Provincial de Badajoz para pedir que se aclare si su pena de 18 años de inhabilitación para cargo público se limita al puesto de presidente de la Diputación de Badajoz. Con esa petición, el exdirigente socialista trata de evitar que la condena por dos delitos de prevaricación administrativa le impida trabajar o contratar con cualquier otra administración pública durante el tiempo que dure la pena.
La sentencia, dictada el pasado mes de julio, le impuso la máxima pena de los once procesados: dos delitos de prevaricación administrativa, nueve años de inhabilitación por cada uno. El fallo conlleva la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante esos nueve años por cada delito.
Publicidad
La defensa de Gallardo sostiene que la petición de la asociación Hazte Oír, que reclamaba aplicar el artículo 42 del Código Penal para extender la inhabilitación a cualquier administración, «rebasa con creces el ámbito de la pena del artículo 42 del Código Penal y no puede ser atendida». Argumenta que la inhabilitación especial debe conectarse con la función que originó el delito y no con desempeños ocasionales, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo. También se opone a la pretensión del sindicato Manos Limpias de que se le condene por la contratación en 2024 de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de Sección de Centros y Programas Transfronterizos en la Diputación de Badajoz, un delito por el que quedó excluido.
En paralelo, la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado otro escrito en el que ratifica que su cliente no participó en el proceso de adjudicación de Coordinador de las Actividades Musicales del Conservatorio, motivo por el que la Audiencia no le condenó. El abogado Luis Cortés subraya que en el primer día del juicio se reconoció «la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal», por lo que revisar de nuevo esa cuestión sería un «flagrante abuso del Derecho». David Sánchez fue condenado por un delito de prevaricación, con nueve meses de inhabilitación, por el cambio de ese puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Gallardo concurrió como cabeza de lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Extremadura adelantadas a diciembre, pese a su condición de investigado, y dimitió al día siguiente de conocerse los resultados, los peores del partido en la historia de la comunidad. Después presentó una denuncia como diputado regional, pese a haber asegurado lo contrario.
