El arquitecto y exfuncionario valenciano propone un parque público permanente de 2 millones de viviendas en 40 años con financiación al 3%
Gerardo Roger, arquitecto y exdirector general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, cuestionó este 9 de octubre el sistema actual de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en España, basado en la colaboración público-privada, durante una entrevista con Levante-EMV.
Según su análisis, este modelo excluye al 75 % de los trabajadores que necesitan alquileres asequibles, situados entre 300 y 600 euros mensuales.
Roger, también redactor de la ley estatal del suelo y profesor universitario, señala que el 75 % de los asalariados españoles gana menos de 2.500 euros netos al mes. Esto les impide destinar más del 30 % de su salario al alquiler. Sin embargo, el alquiler medio en ciudades como Valencia supera los 1.200 euros, una cifra inalcanzable para la mayoría.
El experto propuso como alternativa la promoción pública pura. En esa opción, la Administración actúe como promotora directa, sin beneficios empresariales. Además, la financiación oficial sería al 3 % o 3,5 %. Esto permitiría ofrecer viviendas con rentas entre 300 y 500 euros, según sus cálculos. Roger destaca que, a diferencia de otros servicios públicos como la sanidad o la educación, la vivienda pública no es un gasto perdido. La administración recupera la inversión mediante el cobro de rentas durante 30 o 40 años.
Para el arquitecto, la solución pasa porque las comunidades autónomas —competentes en vivienda según el artículo 148 de la Constitución— impulsen un parque de viviendas protegidas permanente. Roger cita como ejemplo la experiencia europea, donde el 9 % o 10 % del parque total es público. Propone construir 50.000 viviendas asequibles anuales durante 40 años para alcanzar los 2 millones de unidades. «No es una quimera: en los años 70 y 80 se llegaron a edificar 100.000 viviendas protegidas al año», recordó.
El modelo actual excluye al 75 % de los trabajadores por alquileres inalcanzables
Roger advierte contra la creencia de que aumentar la oferta residencial abarata los precios. Cita el caso de la ‘década prodigiosa’ (1998-2007), cuando la construcción masiva de viviendas —hasta 650.000 anuales— llevó a que los precios se duplicaran o triplicaran. Por ello, insistió en que el factor clave es garantizar acceso a viviendas con rentas ajustadas a los salarios medios.
Roger, que participó en el diseño del plan Vive de la Generalitat, criticó que la gestión dependa exclusivamente de las autonomías, aunque reconoció que la administración central pueda aportar instrumentos legales o fondos estatales.
Su postura contrasta con la solución más extendida, basada en fórmulas de derecho de superficie. En ese modelo, los ayuntamientos ceden el suelo a promotores privados a cambio de un beneficio. Según Roger, este sistema perpetúa la exclusión de las clases trabajadoras. Además, solo beneficia a un segmento de la población con ingresos superiores a 4.000 euros mensuales.
Cobertura de Capitol
