Gobierno impone condiciones a la fábrica china de coches en Ferrol por riesgos al arsenal militar

Óscar López asegura que la planta de SAIC Motor, con 120.000 vehículos eléctricos anuales, será compatible con la seguridad nacional tras informes de Defensa y el CNI

El Gobierno permitirá la instalación de la primera planta europea del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor en Ferrol, pero impondrá condiciones para garantizar la seguridad nacional, según confirmó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. La decisión llega tras las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio de Defensa por la cercanía de la fábrica —en los terrenos de 70.000 m² de la antigua empresa Amper— al arsenal militar y al astillero de Navantia.

López explicó que la aprobación de inversiones extranjeras de este calibre requiere informes previos sobre impacto económico, empleo, tejido industrial y, especialmente, seguridad nacional. «Estoy convencido de que podrá ser compatible», afirmó, aunque advirtió que estos informes «pueden incorporar una serie de condiciones para hacerla viable». Fuentes de Defensa reconocieron a Efe su «preocupación» por la ubicación, mientras que el Gobierno insiste en que se trata de una inversión «importante» para la zona, con una producción prevista de 120.000 vehículos anuales a partir de 2028.

El procedimiento legal para autorizar inversiones extranjeras en sectores estratégicos está regulado por la Ley 19/2003, que otorga al Gobierno la potestad de vetar o condicionar proyectos si amenazan la seguridad nacional. En este caso, la planta de SAIC Motor —matriz de la marca MG— se situará a pocos kilómetros de instalaciones militares clave, lo que ha activado los protocolos de evaluación del CNI y el Estado Mayor de la Defensa. No es la primera vez que España aplica restricciones a inversiones chinas: en 2022, el Ejecutivo bloqueó la compra de una empresa de semiconductores por parte de un fondo vinculado al Gobierno de Pekín.

La decisión final afectará directamente a Ferrol, donde el astillero de Navantia emplea a más de 2.000 trabajadores y depende de contratos con la Armada. El alcalde de la ciudad, Ángel Mato (PSOE), ha defendido el proyecto por su potencial para generar empleo, mientras que el PP gallego ha pedido «transparencia absoluta» en los informes de seguridad. La planta, con una inversión estimada en 300 millones de euros, crearía unos 500 puestos de trabajo directos, según fuentes de SAIC Motor.

El conflicto refleja la tensión entre atraer inversión extranjera y proteger sectores sensibles. Mientras el Gobierno destaca el «impacto industrial» del proyecto, Defensa y el CNI evalúan riesgos como el espionaje industrial o la interferencia en comunicaciones militares. La resolución definitiva se conocerá en los próximos meses, una vez finalizados los informes técnicos.

Fuente: El Español