La Fiscalía Europea abrió el 20 de marzo diligencias por presunto fraude y malversación de fondos FEDER en la línea Madrid-Sevilla; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, sostuvo en el Senado que los más de 110 millones están «gastados, certificados y cuentan con toda la trazabilidad».
Las claves
- La Fiscalía Europea investiga posibles delitos de fraude y malversación de fondos comunitarios destinados a la infraestructura ferroviaria.
- El plan de renovación de la línea Madrid-Sevilla tenía un presupuesto global de unos 780 millones de euros, con 111,6 millones de financiación comunitaria.
- Adif denegó la entrega de los expedientes de las obras cofinanciadas con el FEDER.
El 20 de marzo la Fiscalía Europea inició investigaciones por presuntos fraudes y desvíos de fondos comunitarios destinados a la obra del corredor ferroviario Madrid-Sevilla, con Adif como entidad investigada. El proceso está bajo la dirección de José Luis Calama, quien ocupa el cargo de titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional y ejerce como juez de garantías. Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha registrado anomalías en los procesos de contratación gestionados por Adif.
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendió ante la Comisión de Investigación del Senado que los más de 110 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para renovar la línea estaban «gastados, certificados y cuentan con toda la trazabilidad». La dirección de la empresa explicó que esos fondos no iban a una sola actuación, como el suministro de traviesas, sino a todo el programa de renovación. Ese proyecto contaba con un presupuesto total aproximado de 780 millones de euros, de los cuales cerca de 111,6 millones provenían de fondos comunitarios. De acuerdo con los documentos facilitados por la Comisión Europea, la inversión total contabilizable llega a 801,6 millones de euros, de los cuales 110 millones provienen del FEDER.
En esas comparecencias, Adif confirmó que la Fiscalía Europea le ha remitido tres requerimientos para que aporte documentación administrativa sobre determinados contratos. Entre los expedientes reclamados hay actuaciones sobre traviesas y sobre evaluación técnica, valoradas en 20,4 y 28 millones de euros, respectivamente. El gestor ferroviario aseguró que ha colaborado con las autoridades y que los fondos recibidos están correctamente justificados.
Adif ha rechazado además una solicitud de transparencia que pedía copia íntegra de los expedientes de contratación, licitación y certificaciones de las obras cofinanciadas con los 111 millones del FEDER. La resolución, firmada por Marco de la Peña, invoca el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, sobre prevención e investigación de ilícitos penales, al considerar que esos documentos coinciden sustancialmente con los que la Fiscalía Europea ha requerido e inspeccionado en su causa penal. Según la empresa, divulgar ahora las ofertas, las modificaciones contractuales y las incidencias técnicas desvelaría las líneas de comprobación de los investigadores e interferiría en las diligencias. De forma subsidiaria, Adif alega el artículo 14.1.d), de seguridad pública, porque los expedientes incluyen planos y soluciones constructivas que podrían comprometer la infraestructura.
Antes, en Capitol
31 de octubre. Adif incumple el plazo de 2026 para cambiar la seguridad del AVE Madrid-Sevilla. Adif debía haber sustituido en abril de 2026 el sistema de seguridad LZB del AVE Madrid-Sevilla, el que falló en el accidente de Urda, según el contrato de 93,8 millones con fondos europeos que adjudicó en 2021 con un plazo de 52 meses.
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