El magistrado centra la investigación en analizar documentación incautada en Ferraz y declarar a Santos Cerdán, mientras el PP exige más diligencias
El viernes, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, fiscales anticorrupción, solicitaron al Tribunal Central de Instrucción de Madrid que investigue al PSOE como persona jurídica. Argumentan que existe una presunta organización criminal destinada a entorpecer causas judiciales que afectaban a sus miembros.
Consideró que aún no existen pruebas suficientes para admitir a trámite esa línea de investigación.
Las fiscales argumentan en su escrito que el partido socialista habría montado una estructura organizada. Esa estructura serviría para desestabilizar procedimientos judiciales y salpicar a jueces y policías. El objetivo sería proteger a altos cargos y familiares del presidente del Gobierno. Según el informe, esta red habría operado desde la sede de Ferraz bajo la dirección de Santos Cerdán. Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, coordinaba pagos irregulares. Los pagos se canalizaban a través de la gerente Ana Fuentes y la intermediaria Leire Díez.
El juez Llarena ha decidido centrar la investigación en tres aspectos clave. Primero, analizar la documentación incautada en Ferraz y en el domicilio de Santos Cerdán. Segundo, recabar su declaración y verificar si los pagos de 4.000 euros mensuales a Leire Díez proceden de cuentas del partido. Las fiscales ya habían imputado a siete personas por cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental, entre otros delitos. Sin embargo, no han logrado demostrar hasta ahora una responsabilidad penal colectiva del PSOE.
El informe detalla cómo Díez, coordinadora de la red, viajó a Zaragoza en 2024. Allí se reunió con el exjefe de la Policía Judicial de Sevilla, Rafael Salvador. Le ofreció grabaciones sobre la magistrada Mercedes Alaya a cambio de dinero. También se le acusa de haber obtenido información reservada de la Unidad Central Operativa (UCO) mediante contactos en la Guardia Civil, como el capitán Sánchez Yepes. Fuentes del partido ya han negado cualquier irregularidad y aseguran que los pagos a Díez respondían a contratos legales de asesoramiento jurídico.
La red de pagos y sus implicados
El PP ya había solicitado formalmente que se llamara a declarar al partido como investigado. Sin embargo, Llarena ha optado por esperar a las diligencias pendientes. Si estas no aportan pruebas contundentes, la vía para imputar al PSOE como organización criminal podría cerrarse.
El caso reviste especial gravedad porque afecta a la independencia judicial y al funcionamiento de las instituciones. Las acusaciones de las fiscales apuntan a que la red habría actuado para manipular investigaciones. De demostrarse, ello supondría un precedente histórico en la lucha contra la corrupción política. Mientras, el PSOE mantiene su postura de denuncia de una conspiración y reclama transparencia en las actuaciones judiciales.
El siguiente paso es la resolución de las diligencias pendientes. Si el juez no encuentra indicios suficientes, la investigación contra el PSOE como entidad podría archivarse. No obstante, los siete imputados individuales —entre ellos Cerdán, Diez y Fuentes— seguirán siendo investigados por los delitos que se les atribuyen.
Contexto: ¿Cómo funciona esta investigación?
La Fiscalía Anticorrupción lleva años analizando una red de pagos irregulares vinculada a Ferraz para influir en causas judiciales. El caso se activó tras la apertura de varias investigaciones contra altos cargos del Gobierno y del PSOE. Entre ellas se encuentran los ERE fraudulentos y los casos de corrupción urbanística. Las fiscales Lamelas y Scharfhausen han centrado su trabajo en demostrar que esos pagos no eran donaciones puntuales. Afirman que forman parte de un sistema organizado para controlar información sensible.
Sin embargo, para investigar al PSOE como persona jurídica, necesita probar que la dirección del partido aprobó o toleró estas prácticas. Hasta ahora, las pruebas son indiciarias, pero no definitivas.
Si el juez archiva la línea de investigación contra el partido, los imputados individuales podrían ser juzgados por sus acciones. Sin embargo, no se establecería una responsabilidad penal colectiva. Esto dejaría en manos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo cualquier recurso futuro del PP o de las fiscales.
¿Qué dicen las partes?
El PP ha criticado la decisión del juez y ha anunciado que recurrirá. Su portavoz ha afirmado que no hay democracia sin justicia y que el PSOE debe responder por sus actos. Por su parte, el PSOE ha reiterado que se trata de una campaña política. Ha exigido que se investigue también a otros partidos por posibles irregularidades.
Mientras, las fiscales Lamelas y Scharfhausen han dejado claro que no descartan reabrir la investigación si surgen nuevas pruebas.
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