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Portada de Capitol sobre la orden de neutralidad docente de la Comunidad de Madrid

¿Puede un docente opinar de política en clase? Esto dice el TC

Los docentes de los centros públicos deben renunciar «a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico», según la sentencia 5/1981 del Tribunal Constitucional, que a la vez protege su libertad de cátedra. La orden de Madrid del 19 de noviembre mueve la frontera entre ambos principios, y los tribunales tendrán la última palabra si se recurre.

·22 de noviembre de 2026·4 min de lectura

Los docentes de los centros públicos deben renunciar «a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico», según la sentencia 5/1981 del Tribunal Constitucional, que a la vez protege su libertad de cátedra. La orden de Madrid del 19 de noviembre mueve la frontera entre ambos principios, y los tribunales tendrán la última palabra si se recurre.

  • La STC 5/1981, de 13 de febrero (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1981), declara que los centros públicos han de ser «ideológicamente neutrales» y que esa neutralidad obliga al docente a renunciar al adoctrinamiento.
  • El Estatuto Básico del Empleado Público enumera la neutralidad y la imparcialidad entre los principios de todo empleado público, y su artículo 54.3 manda obedecer las instrucciones de los superiores salvo infracción manifiesta del ordenamiento.
  • La Ley Orgánica de Educación (artículo 91.1.g) pide al profesorado un clima de libertad «para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática». Neutralidad no significa ausencia de valores.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid publicó el 19 de noviembre una instrucción sobre neutralidad en los centros. Según la noticia de Capitol, impide que el personal inculque a los alumnos sus convicciones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales, veta pancartas y propaganda en las instalaciones y prohíbe en horario de clase las visitas de personas ajenas a la plantilla para hacer discursos proselitistas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió a la presidenta madrileña revocarla y la comparó con la censura del franquismo. Capitol no ha podido consultar el texto íntegro de la instrucción, de modo que lo que sigue se refiere a lo que se ha publicado de ella.

Dos principios que la Constitución pone frente a frente

El artículo 20.1.c de la Constitución reconoce la libertad de cátedra. El artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza, fija que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad «en el respeto a los principios democráticos de convivencia» y garantiza a los padres que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. La primera protege al profesor y el segundo protege a las familias, y la jurisprudencia tuvo que decidir pronto cómo convivían.

Lo hizo en la STC 5/1981, en su fundamento 9. En los centros públicos, dice el Tribunal, la libertad de cátedra tiene un contenido negativo uniforme, porque «habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada». Es una libertad frente al poder público, y por eso, añade la sentencia, es «noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina oficiales».

La misma sentencia señala el límite en sentido contrario. En los niveles inferiores al universitario, el profesor «no puede orientar ideológicamente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme con sus convicciones». Y la neutralidad de los centros públicos, escribe el Tribunal, «impone a los docentes que en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico».

Qué prohíbe la neutralidad y qué deja sin decir

La palabra que usa el Tribunal es adoctrinamiento, que no equivale a opinar. La sentencia no define con ejemplos dónde acaba la explicación de un asunto polémico y dónde empieza el adoctrinamiento. Esa línea se ha ido trazando caso a caso, y ni la Constitución ni la sentencia recogen una lista de conductas permitidas o vetadas en el aula.

Eso explica que la discusión de fondo sea otra. Una norma puede repetir lo que ya dice el Tribunal, o puede añadir deberes concretos. Según la noticia que Capitol publicó el 19 de noviembre, el Comité de Huelga sostiene que la instrucción contiene disposiciones propias de una ley o de un decreto, cuando una instrucción solo debería aclarar reglas en vigor, y anuncia que acudirá a los tribunales. Es una posición del comité, que no ha sido examinada por ningún órgano judicial.

Las instrucciones son una herramienta ordinaria de la Administración para organizar el servicio. El EBEP obliga a cada empleado a obedecerlas, salvo que constituyan una «infracción manifiesta del ordenamiento jurídico», en cuyo caso debe ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección. La LOE, por su parte, reconoce a los centros autonomía pedagógica, de organización y de gestión «en el marco de la legislación vigente», lo que deja a las administraciones educativas margen para desarrollar las normas.

Qué pasa ahora

La instrucción llega en plena huelga educativa, que según la cobertura de Capitol arrancó el 14 de octubre, y en la última semana de campaña. Son dos asuntos distintos. Los servicios mínimos de la huelga y la instrucción de neutralidad se recurren, en su caso, por vías separadas, y un tribunal puede estimar una cosa y no la otra.

Si el Comité de Huelga recurre, la jurisdicción contencioso-administrativa tendrá que contrastar el texto con la STC 5/1981 y con las reglas que los empleados públicos tienen ya fijadas. Sánchez ha pedido que se revoque. Capitol no ha encontrado en lo publicado hasta hoy una respuesta oficial de la Comunidad de Madrid a esas objeciones más allá de la propia instrucción, y la incorporará aquí si se produce.

Si fueras docente, ¿qué conductas dirías que son explicar un asunto político y cuáles adoctrinar? Cuéntanoslo, y compara en el comparador de programas qué propone cada partido sobre educación el 29-N. El especial de las elecciones generales del 29-N reúne el resto de guías y herramientas.

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