CRedacción Capitol·20 de agosto de 2026·2 min de lectura
La operación busca trasladarlos a cuatro centros temporales para evaluar sus solicitudes de asilo o devoluciones a Marruecos
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desalojado esta madrugada a más de 3.000 inmigrantes subsaharianos y magrebíes de la playa del Trampolín, en Ceuta, tras una ocupación masiva que comenzó el pasado 30 de julio. Un dispositivo de 30 furgones policiales acordonó un perímetro de 500 metros en la playa, donde los inmigrantes habían construido cabañas con cartones y cuerdas, generando condiciones de hacinamiento y riesgo sanitario.
El operativo, coordinado por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo trasladar a los afectados a cuatro centros de estancia temporal —denominados «carpas»— anunciados por la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Una vez allí, se evaluarán sus solicitudes de asilo o, en la mayoría de los casos, se iniciará el proceso de devolución a Marruecos. Las autoridades alertan de que la situación en la playa, donde los inmigrantes hacían sus necesidades en el mar, podía derivar en brotes de enfermedades infecciosas.
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La playa del Trampolín se había convertido en un campamento improvisado desde la avalancha migratoria del 30 de julio, cuando cientos de personas cruzaron la frontera desde Marruecos. Este desalojo se enmarca en la política de control fronterizo del Gobierno central, que ha intensificado los operativos en Ceuta y Melilla tras el aumento de llegadas irregulares en los últimos meses. Las devoluciones a Marruecos, previstas en el acuerdo bilateral de 1992, siguen siendo el mecanismo principal para gestionar estos flujos, aunque organizaciones como CEAR y Amnistía Internacional han criticado su aplicación por vulnerar derechos fundamentales.
El Ayuntamiento de Ceuta, gobernado por el PP en coalición con Vox, ha respaldado la intervención policial, aunque ha exigido al Gobierno central más recursos para gestionar la crisis migratoria. El alcalde, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que la ciudad «no puede asumir sola» la presión demográfica y sanitaria derivada de estas llegadas masivas. Mientras, colectivos pro inmigrantes han convocado concentraciones en varias ciudades españolas para denunciar las condiciones en las que se realiza el desalojo.
La ministra Saiz ha defendido que los centros temporales garantizarán «dignidad y seguridad» a los inmigrantes, aunque no ha aclarado cuánto tiempo permanecerán en ellos antes de resolver sus expedientes. El proceso de devolución, según fuentes del Ministerio del Interior, podría acelerarse en los próximos días, priorizando a aquellos sin solicitudes de asilo pendientes. Este operativo se suma a otros similares en Melilla, donde en julio se desalojó a 1.200 personas de la frontera con Marruecos.
