La subida del 4,5 % de los funcionarios aún necesita un decreto

La subida del 4,5 % pactada para los empleados públicos en 2027 no tiene ninguna norma que la apruebe, y sin presupuestos solo puede llegar por decreto-ley. Cinco de las diez últimas subidas se publicaron en el BOE con el año ya empezado y la de 2025 tardó 336 días, según el cálculo de Capitol (21 de octubre de 2026).

• De 2017 a 2026, la norma que fijó la subida salarial de cada año llegó al BOE después del 1 de enero en cinco ocasiones, con retrasos de 21 a 336 días.
• Del 11,4 % acumulado que el Gobierno pactó para 2025-2028 solo tienen norma el 2,5 % de 2025 y el 1,5 % de 2026. El 4,5 % de 2027 y el 2 % de 2028 siguen sin ella.
• Los cuatro decretos-ley que fijaron la subida anual desde 2018 se convalidaron, y con las Cortes disueltas la Diputación Permanente no derogó ninguno de los 37 decretos que votó entre 1986 y 2023.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, se reunió el martes 20 de octubre con UGT, CCOO y CSIF. Según trasladaron los sindicatos tras la reunión, el ministro garantizó que la subida del 4,5 % prevista para 2027 se aplicará y prometió hacer «todo lo posible» por aprobarla antes de las elecciones, aunque no puso fecha. UGT pidió que se apruebe antes del martes 24 de noviembre, que el sindicato señala como el último Consejo de Ministros previo al 29-N. La promesa afecta a todo el personal de las administraciones, también al autonómico y al local, y llega con un calendario que deja muy poco margen.

Por qué un acuerdo firmado no basta

El 4,5 % está escrito en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público que el Gobierno firmó el 27 de noviembre de 2025 con UGT y CSIF, al que CCOO se sumó el 5 de diciembre y que el BOE publicó el 7 de febrero de 2026. Fija subidas del 2,5 % en 2025, el 2 % en 2026, el 4,5 % en 2027 y el 2 % en 2028, un 11,4 % si se encadenan, según el cálculo de Capitol. Pero un acuerdo con los sindicatos compromete al Gobierno a «promover las normas», y con eso no se paga una nómina. El artículo 21 del Estatuto Básico del Empleado Público exige que el aumento de las retribuciones se refleje «para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos».

Ahí está el nudo. España funciona desde enero de 2024 con los presupuestos de 2023 prorrogados, la prórroga más larga desde 1983, y una prórroga mantiene los créditos del año anterior pero no puede subir un sueldo que ninguna ley prevé. La única norma con rango de ley que el Gobierno puede dictar por su cuenta es el decreto-ley del artículo 86 de la Constitución, que entra en vigor al publicarse y que el Congreso debe convalidar en treinta días. Así se resolvieron 2025 y 2026. El Real Decreto-ley 14/2025, aprobado el 2 de diciembre de 2025, cinco días después de la firma, subió los sueldos un 2,5 % con efectos desde el 1 de enero de 2025 y un 1,5 % para 2026, y el Congreso lo convalidó el 11 de diciembre.

Ese decreto dejó atado, además, el resto del 2 % de 2026 sin necesidad de volver a las Cortes. El 0,5 % que falta se pagará en el primer trimestre de 2027 si el IPC de 2026 llega al 1,5 %, y bastará un acuerdo del Consejo de Ministros cuando el INE publique el dato. El 4,5 % de 2027 y el 2 % de 2028, en cambio, no tienen ninguna norma detrás.

Lo que enseñan diez años de subidas

Capitol ha contado los días que pasaron entre el 1 de enero de cada año y la publicación en el BOE de la norma que fijó su subida, de 2017 a 2026. En cinco de esos diez años la subida llegó tarde. En 2017 y 2018 vino con las leyes de presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, publicadas a finales de junio y a principios de julio, 178 y 184 días después del 1 de enero. En 2024 llegó con el Real Decreto-ley 4/2024, a los 178 días, y en 2025, a los 336. Solo con presupuestos aprobados a tiempo, de 2021 a 2023, o con un decreto preparado en diciembre, como en 2019 y en 2026, estuvo en el BOE antes de empezar el año.

El retraso no hace perder dinero, porque todas esas normas tienen efectos desde el 1 de enero y se pagan atrasos. Pero tiene costes que no se ven en la tabla salarial. El decreto de 2025 permitió a cada administración repartir los atrasos de ese año entre 2026, 2027 y 2028, salvo en el Estado, que los pagó en diciembre, de modo que un empleado autonómico o municipal puede cobrar en 2028 parte de una subida de 2025. Y con precios al alza el desfase pesa. Contando el 0,5 % adicional de 2024, las subidas de 2024 y 2025 fueron del 2,5 %, por debajo del IPC de diciembre que publicó el INE, del 2,8 % y del 2,9 %. El propio acuerdo presenta las subidas hasta 2028 como una forma de «mantener su poder adquisitivo».

El precedente más parecido al de ahora es el de 2019. Pedro Sánchez gobernó en funciones desde las generales de abril hasta enero de 2020 y en ese tiempo dictó decretos-ley, cuatro de los cuales convalidó la Diputación Permanente el 27 de noviembre de 2019, ya pasadas las elecciones del 10-N. La subida de 2020, sin embargo, no salió de aquel Gobierno en funciones. Llegó con el Real Decreto-ley 2/2020, del 21 de enero, ocho días después de que tomaran posesión los ministros del nuevo Gobierno.

Qué puede pasar de aquí a enero

Hasta el 29 de noviembre el Gobierno conserva todas sus facultades. El periodo electoral limita la publicidad institucional y las inauguraciones, no la capacidad de aprobar normas, como explicó Capitol al repasar qué puede hacer el Gobierno antes del 29-N. Un decreto aprobado en cualquiera de los Consejos de Ministros de noviembre lo convalidaría la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno mientras las Cortes están disueltas. Entre 1986 y 2023 convalidó 37 decretos-ley en esa situación y no derogó ninguno, y los cuatro decretos que fijaron la subida anual desde 2018 (el 24/2018, el 2/2020, el 4/2024 y el 14/2025) salieron adelante. La advertencia está en enero de 2026, cuando el Congreso derogó el Real Decreto-ley 16/2025, que mezclaba la revalorización de las pensiones con otras medidas. El de los funcionarios de 2025, en cambio, se limitó a las retribuciones, como subraya su preámbulo.

Tras las elecciones el Gobierno pasará a estar en funciones. El artículo 21 de la Ley del Gobierno le impide aprobar el proyecto de presupuestos y presentar proyectos de ley, pero no dictar decretos-ley, siempre que acredite la urgencia o el interés general. Lo que cambia con el paso de las semanas es quién vota. El Real Decreto 806/2026 fija la constitución de las nuevas Cortes para el 23 de diciembre, y desde ese día la convalidación corresponde al nuevo Congreso. Con la media del agregador de Capitol del 21 de octubre, que reúne 26 encuestas de los últimos 28 días, el PP tendría 132 escaños, el PSOE 106 y Vox 67, así que un decreto aprobado a mediados de diciembre lo votaría una Cámara con una composición muy distinta de la actual.

Si no hay decreto, el 1 de enero de 2027 los sueldos públicos seguirán en los importes de 2026 y la subida llegaría después, con atrasos, por decreto del Gobierno que salga de la investidura o en la primera ley de presupuestos, que tras unas generales de otoño nunca ha llegado al BOE antes del verano siguiente. Sería repetir el patrón de 2024, el año posterior a las generales de julio de 2023, cuando la subida tardó 178 días.

Hay tres fechas que conviene vigilar. La primera son las referencias de los Consejos de Ministros de noviembre, donde aparecería el decreto con el 4,5 %. La segunda, el IPC de 2026 que el INE publicará en enero y del que depende el 0,5 % pendiente de 2026. La tercera, el 23 de diciembre, porque ese día cambia la Cámara que tendría la última palabra sobre cualquier decreto que llegue tarde. Las fechas del proceso están en la guía de las elecciones generales del 29 de noviembre.