La FAVCT llevará su queja al Justicia de Aragón, al Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional y al Instituto Aragonés de Administración Pública, y propone sedes en Alcañiz y Calamocha.
La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia de Teruel (FAVCT) pide anular el apartado 3.3 de la resolución del Gobierno de Aragón del 19 de diciembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Ese punto supedita la celebración de las pruebas en Huesca o Teruel a que haya más de 100 admitidos en cada una de esas localidades. La entidad ha retomado con este motivo su campaña «Que viajen los papeles y no las personas».
Según la federación, el umbral perjudica especialmente a Teruel por sus características demográficas, que hacen muy difícil alcanzar esa cifra, y obliga en la práctica a muchos aspirantes a examinarse en Zaragoza. Advierte de que esto supone gastos adicionales de transporte, alojamiento y manutención, además del cansancio y los riesgos de los desplazamientos. Por ello reclama que se respete la recomendación del Justicia de Aragón de que los exámenes no empiecen antes de las 10:00 horas.
La FAVCT ha anunciado que trasladará formalmente su queja al Justicia de Aragón, al Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional y al Instituto Aragonés de Administración Pública. En ella solicitará la anulación del apartado 3.3 para recuperar unas condiciones que permitan descentralizar de verdad las pruebas selectivas.
La organización sostiene que el criterio de los 100 aspirantes ignora las particularidades de la provincia. Recuerda, por ejemplo, que para muchos residentes del Bajo Aragón Zaragoza queda más cerca que la capital turolense, y por eso propone utilizar también sedes comarcales como Alcañiz y Calamocha.
La FAVCT considera contradictorio que las instituciones defiendan la lucha contra la despoblación y a la vez aprueben medidas que fuerzan a la ciudadanía turolense a viajar a Zaragoza. La federación insiste en que «vivir en una provincia menos poblada no puede traducirse en mayores gastos, dificultades añadidas ni menos oportunidades».
Además, pide a las instituciones que aseguren a todos los aragoneses las mismas posibilidades de acceder a un empleo público, vivan donde vivan.
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