Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en 90 contratos de prisiones por adjudicaciones «a dedo»
El informe fiscaliza 168 expedientes por valor de 123,8 millones y advierte de fraccionamiento de contratos y falta de planificación en Instituciones Penitenciarias
CRedacción Capitol·10 de agosto de 2026·2 min de lectura
El informe fiscaliza 168 expedientes por valor de 123,8 millones y advierte de fraccionamiento de contratos y falta de planificación en Instituciones Penitenciarias
El Tribunal de Cuentas ha identificado irregularidades en más de 90 contratos menores gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, durante 2023 y 2024. El organismo fiscalizador denuncia que el uso reiterado de este procedimiento, reservado para necesidades puntuales y con un límite económico que evita licitaciones públicas, vulnera los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia en la contratación pública.
De los 95 expedientes de contrato menor analizados, el 30% se empleó de forma inadecuada, según el informe. En ninguno de estos casos constaba en la memoria justificativa el cálculo del presupuesto ni los criterios para fijar su valor, lo que impide verificar si se alteró el objeto del contrato para eludir los umbrales legales. Además, en varios expedientes las invitaciones a empresas para presentar ofertas se realizaron después de emitir el informe que justificaba la necesidad del contrato, una práctica que el Tribunal vincula con intentos de soslayar los procedimientos ordinarios.
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El informe, que fiscaliza 168 expedientes por un valor total de 123,8 millones de euros —el 45% del volumen económico examinado—, también critica la ausencia de planificación anual en Instituciones Penitenciarias. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a publicar un anuncio previo de programación para contratos sujetos a regulación armonizada, pero el organismo no acreditó haberlo realizado. Esta carencia, según el Tribunal, limita la participación de pymes y fomenta el uso de procedimientos excepcionales por urgencia, aumentando el riesgo de fraccionamiento de contratos y prácticas corruptas.
Otras deficiencias incluyen la valoración excesiva de criterios subjetivos en licitaciones, en detrimento de la oferta económica, y la falta de control en la ejecución de al menos el 20% de los contratos analizados. El Tribunal recomienda crear comités de expertos independientes para evaluar las ofertas y reforzar los mecanismos antifraude, tras constatar que el Ministerio del Interior ignoró requerimientos previos de información en casi la mitad de los expedientes.
El informe se suma a las sospechas de corrupción en el ámbito penitenciario, como la investigación de la Guardia Civil sobre la trama Cerdán, vinculada al exsecretario de Organización del PSOE. La UCO señala que esta red pudo amañar la adjudicación de la cárcel de Zubieta (San Sebastián), un contrato de 42 millones adjudicado en 2021 a una unión temporal de empresas con vínculos con el exdirigente socialista.
