CRedacción Capitol·11 de octubre de 2026·2 min de lectura
El partido presenta un recurso de apelación para dejar sin efecto la decisión del magistrado del Supremo Pablo Llarena
Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, anuló el pasado martes las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig tras la exigencia del Tribunal Constitucional de aplicar la amnistía a los delitos de malversación vinculados al Procés.
Sin embargo, Vox ha presentado un recurso de apelación para dejar sin efecto esa decisión y solicita que se mantengan las órdenes hasta que se resuelva su reclamación y las cuestiones prejudiciales pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ).
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La estrategia legal busca revertir la medida de Llarena. Esa medida fue adoptada minutos después de que el Constitucional exigiera aplicar la ley de amnistía, aprobada en febrero de 2023.
La decisión del Supremo, aunque temporal, ha reabierto el debate sobre la vigencia de las investigaciones abiertas contra los líderes independentistas.
Mientras, el Tribunal Constitucional ya había dictaminado que la amnistía debe aplicarse a los delitos de malversación, aunque no a otros como el sedición o el desobediencia. La resolución de Llarena ha generado reacciones encontradas. El Gobierno y partidos como ERC y Junts la han celebrado como un avance hacia la normalización. Sin embargo, otros sectores la critican. En cambio, la oposición la considera un obstáculo para la justicia.
El recurso de Vox podría prolongar el proceso judicial y retrasar la aplicación práctica de la amnistía. Si el Supremo confirmara la suspensión de las órdenes de detención, los tres exdirigentes catalanes —Puigdemont, Comín y Puig— quedarían fuera del alcance de la justicia española hasta que se resuelvan las cuestiones prejudiciales ante el UJUÉ, un procedimiento que podría prolongarse durante meses.
La estrategia de Vox busca, además, presionar para que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho europeo. Vox ha criticado la ley de amnistía en repetidas ocasiones como un ataque a la justicia. Además, ha prometido recurrir cualquier avance que considere contrario a los principios legales. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura: la amnistía es una decisión política soberana y no admite revisión.
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La resolución final dependerá de los tribunales europeos. Sin embargo, el recurso de Vox añade un nuevo capítulo de incertidumbre a un proceso ya de por sí complejo.
El dato Capitol: la media de encuestas para unas elecciones generales sitúa a Vox en el 18,3 % de los votos (18 encuestas, últimos tres meses). Ver el agregador.
