CRedacción Capitol·11 de septiembre de 2026·2 min de lectura
Fuentes fiscales ven factible aplicar el artículo 31 bis si se acredita que Cerdán y Fuentes actuaron en beneficio del partido
La Audiencia Nacional investiga si el PSOE puede ser imputado como persona jurídica en el caso Leire, la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre una presunta trama de facturas falsas y pagos irregulares desde Ferraz. Fuentes jurídicas y fiscales consultadas consideran que atribuir responsabilidad penal al partido es «factible» si se acredita que dos de los investigados, Santos Cerdán y la gerente socialista Ana María Fuentes, actuaron en nombre de la formación y en su beneficio «directo o indirecto».
La gerente del PSOE declaró como investigada ante Pedraz el pasado miércoles. Según fuentes jurídicas, aseguró que dentro del partido se permiten los contratos verbales y situó en Cerdán la responsabilidad sobre los contratos y hojas de encargo que ella misma firmó, así como sobre los gastos sufragados a Leire Díez. El instructor sospecha de varias operaciones: el pago de 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo, el abono de 27.225 euros al despacho de Ismael Oliver y el sufragio de gastos de la supuesta fontanera Leire Díez.
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La posible imputación del PSOE se apoya en el artículo 31 bis del Código Penal, que permite atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica cuando un integrante autorizado para tomar decisiones en su nombre comete un delito buscando un beneficio para la organización. La norma se incorporó al ordenamiento español en 2012, cuando una reforma legal eliminó la exención que hasta entonces protegía a partidos y sindicatos de ser condenados penalmente. Si se acreditara ese supuesto, la imputación de Cerdán o Fuentes podría «contaminar» a la formación, según fuentes fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción preguntó durante la declaración de Fuentes por el compliance del partido, el conjunto de normas internas para asegurar el cumplimiento de la ley. Fuentes jurídicas y fiscales advierten de que aún queda mucho material por analizar en las cuentas bancarias recabadas y los dispositivos electrónicos intervenidos, por lo que ni la Fiscalía ni el instructor ven la imputación del PSOE como un escenario inminente, aunque sí factible.
En paralelo, el juez Ismael Moreno indaga en secreto en los movimientos económicos del PSOE, lo que refuerza la presión judicial sobre la estructura financiera del partido en un año judicial que arranca con varios frentes abiertos en la Audiencia Nacional.
