Expulsiones de Ceuta, qué han decidido el Supremo y la Audiencia

El Tribunal Supremo negó el 27 de octubre a la Ciudad de Ceuta las medidas urgentes que pedía contra el Gobierno por las expulsiones de la entrada masiva de julio, pero le obliga a entregar el expediente, según el Consejo General del Poder Judicial. Ningún tribunal ha resuelto todavía el fondo, y lo decisivo llegará en plena campaña del 29-N.

• Cuatro frentes judiciales abiertos en una semana, dos de la Audiencia Nacional, uno del Supremo y la instrucción penal de la juez María Tardón, que pide al Consejo de Ministros desclasificar notas del CNI en 15 días.
• Ceuta elige un solo diputado. La proyección de la media de encuestas de Capitol del 27 de octubre da al PP 11.387 votos y a Vox 10.913, una ventaja de 474.
• La inmigración es el segundo problema de España para el 20,9 % de los entrevistados por el CIS en octubre, pero solo el 11,2 % dice que le afecta personalmente.

La entrada de miles de personas en Ceuta el 30 y el 31 de julio ha dejado de ser solo una crisis fronteriza para convertirse en un asunto de tribunales, y en la última semana se han acumulado cuatro decisiones que apuntan en direcciones distintas. Leídas juntas, dibujan un patrón claro. Los jueces no han parado las expulsiones, no han dado la razón al Gobierno de la ciudad, que preside Juan Jesús Vivas, y tampoco han cerrado la pregunta de fondo, que es qué sabía el Estado antes de la entrada y qué hizo después. Cada uno de esos frentes tiene su propio plazo, y casi todos vencen entre el arranque de la campaña, el 13 de noviembre, y el día de las elecciones.

Qué han decidido los tribunales

La resolución de este martes es la del Supremo. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelarísimas que Ceuta pedía en su recurso contra la inactividad de la Administración General del Estado, a la que reprocha no haber puesto los medios para tramitar a tiempo las expulsiones, las devoluciones y las peticiones de asilo. La ciudad quería que el tribunal obligara al Ejecutivo a aprobar en diez días un plan con hitos quincenales, como contó Capitol al admitirse el recurso el 22 de octubre. El Supremo responde con un argumento de calendario. Si la propia ciudad reconoce que la inactividad dura ya más de dos meses y medio sin que pidiera antes protección cautelar, no hay la «especial urgencia» que permite decidir sin escuchar al Gobierno.

Esa distinción es la clave técnica del auto. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, en el BOE) tiene dos puertas para las medidas cautelares. La del artículo 135 sirve para casos de urgencia extrema y permite al juez decidir en dos días sin oír a la otra parte. La ordinaria, la de los artículos 130 y 131, exige escuchar antes a la Administración y valorar si sin la medida el recurso perdería su sentido. El Supremo ha mandado el asunto por la segunda vía, con diez días para que alegue la Abogacía del Estado, sin decir que Ceuta no tenga razón. A la vez, el letrado de la Administración de Justicia ha dado al Ministerio de la Presidencia veinte días para remitir el expediente, el plazo del artículo 48 de esa misma ley, que prevé multas coercitivas de 300 a 1.200 euros si no llega completo.

Antes del pleito, Ceuta hizo el requerimiento previo que la ley exige cuando una Administración demanda a otra (artículo 44). El Gobierno contestó el 20 de octubre con un escrito del ministro Ángel Víctor Torres que da las actuaciones por «iniciadas y en curso» y enumera 92 policías de refuerzo, pero no dice cuántos expedientes se han abierto, resuelto o ejecutado. Esa cifra es justo la que tendrá que aparecer en el expediente.

El segundo frente va en sentido contrario. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado en una serie de autos de octubre paralizar la expulsión de personas que entraron a nado, según recogió Capitol, con un argumento que ya no es nacional sino europeo. Un reglamento de la Unión de febrero de 2026 incluye a Marruecos en la lista de países de origen seguros, y eso invierte la carga de la prueba. Ya no basta con alegar la situación general del país, hay que acreditar un riesgo personal. Así rechazó la Sala la petición de varios marroquíes homosexuales, porque no se probó un riesgo de tortura o trato inhumano aunque el Código Penal de Marruecos castigue esas relaciones.

El tercer frente es el más delicado y todavía no tiene resolución judicial pública. El lunes 26 de octubre la Policía devolvió a Marruecos a un yemení cuya abogada asegura que la Audiencia Nacional había ordenado ese mismo día que permaneciera en España hasta resolver su recurso, según su versión. Interior sostiene que el plazo para recurrir había terminado el viernes y que el escrito judicial llegó por la tarde. La discusión jurídica de fondo está en el Reglamento (UE) 2024/1348, el nuevo procedimiento común de asilo que se aplica desde el 12 de junio de 2026. Su artículo 68 permite que el recurso contra una denegación en procedimiento acelerado, el que se usa con los países de origen seguros, no suspenda por sí solo la expulsión, pero obliga a dejar al solicitante en el territorio mientras un juez decide si puede quedarse. Si la orden existía antes de la devolución es lo que tendrá que aclarar el propio tribunal.

El cuarto frente es penal. La juez María Tardón, que instruye en la Audiencia Nacional la causa sobre la entrada masiva, ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros para que desclasifique las notas del CNI enviadas a las autoridades desde el 30 de julio, en especial las referidas a la actuación de Marruecos, y la lista exacta de quién recibió las notas ya desclasificadas del 27 y el 30 de julio. Pide hacerlo en quince días naturales. Según el comunicado judicial, esa información permitirá saber qué autoridades conocían, y desde cuándo, la convocatoria de entrada prevista para el 30 de julio. El lunes 26 de octubre, dos mandos de la Policía y la Guardia Civil declararon ante ella que discreparon sobre si cerrar la valla sin recibir instrucciones de Interior.

Hay un precedente con fecha para medir el alcance de esa petición. En abril de 1997 el Supremo obligó al Gobierno a desclasificar parte de los papeles del CESID que pedían los jueces del caso GAL, con la idea que hoy repite Tardón de que el secreto oficial no es una barrera absoluta frente a una investigación penal.

Por qué importa para el 29-N

Ceuta elige un solo diputado, de modo que lo gana la lista más votada aunque sea por un voto. En 2023 fue para el PP con 12.918 votos, frente a 11.332 del PSOE y 7.752 de Vox, según los resultados oficiales de la Junta Electoral Central (BOE-A-2023-18907). En noviembre de 2019 el escaño había sido de Vox. La proyección provincial de la media de encuestas de Capitol del 27 de octubre, que traslada la media nacional a cada provincia con su historial, da hoy al PP 11.387 votos y a Vox 10.913, con el PSOE tercero con 9.161. Son 474 votos de diferencia sobre unos 33.000 a candidaturas. El 23 de octubre la misma proyección ponía a Vox 544 votos por delante, como contamos en la guía de Ceuta. Un vuelco así en cuatro días habla de la precisión del método más que de Ceuta, porque una circunscripción tan pequeña queda dentro de cualquier margen de error. Lo honesto es leerlo como un empate.

En ese empate cada partido tiene su relato. El PP gobierna la ciudad y ha llevado al Estado al Supremo, el Gobierno del PSOE defiende que ha reforzado medios y Vox, que ganó el escaño en noviembre de 2019, compite por el electorado más preocupado por la frontera. Ninguna encuesta pública mide cuánto mueve esto el voto en Ceuta. El barómetro del CIS hace solo veinte entrevistas en cada ciudad autónoma, según su ficha técnica, una submuestra con la que no se puede decir nada fiable de Ceuta.

Lo que sí da el CIS es el tamaño del asunto en toda España. En el barómetro de octubre (estudio 3582, 5.025 entrevistas del 1 al 6 de octubre, con cuestionario y marginales en cis.es), el 20,9 % cita la inmigración entre los tres principales problemas del país, segunda tras la vivienda, con el 55,7 %. Cuando la pregunta es qué problema le afecta personalmente, la inmigración cae al 11,2 %, mientras que la crisis económica sube del 20,3 % al 30,3 % y la sanidad del 14,4 % al 24,0 %. Esa distancia es típica de los temas que llegan sobre todo por las noticias, y explica que una semana de autos y devoluciones mueva más la agenda de campaña que la vida diaria de la mayoría. En Ceuta, donde la frontera es vida diaria, el cálculo es otro.

Qué pasa ahora

El calendario es estrecho. La Abogacía del Estado tiene diez días para alegar en el incidente cautelar del Supremo, y el Ministerio de la Presidencia veinte para entregar el expediente, de modo que la Sala podrá pronunciarse sobre las medidas de Ceuta ya con los números del Gobierno delante, previsiblemente en noviembre. El Consejo de Ministros tiene quince días naturales para responder a la juez Tardón, un plazo que termina en torno al inicio de la campaña. Los recursos que la Audiencia Nacional no ha suspendido seguirán su curso, pero muchas expulsiones pueden ejecutarse antes de que haya sentencia.

Ninguna de estas decisiones dirá quién tenía razón el 30 de julio. Esa respuesta, si llega, saldrá de la instrucción penal y de las notas que el Gobierno decida o no desclasificar. Hasta entonces, lo que se sabe con documentos es poco y concreto. La justicia ha negado la vía rápida a Ceuta, ha dado por bueno el criterio europeo del país seguro y ha pedido al Estado papeles que todavía no ha entregado. Toda la cobertura de la campaña está en el especial de las elecciones del 29-N.