Dos oficios de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmados por su entonces titular, Sofía Puente, el 23 de diciembre de 2022 y el 18 de enero de 2023, permitieron pedir la nacionalidad por la ley de nietos a descendientes de españoles nacidos en 1830, sin límite de fechas, y facilitaron la tramitación de familias enteras a la vez.
Las claves
- Justicia respondió a los cónsules que la ley no pone límite a la fecha de nacimiento del ascendiente, así que podía optar incluso el nieto de un español nacido en 1830.
- El oficio del 18 de enero de 2023 permitió que abuelos, padres e hijos presentaran sus expedientes a la vez, tras un informe de la Abogacía General del Estado.
- Los consulados podían aceptar como prueba de domicilio certificados de los registros migratorios de ACNUR para solicitantes sin residencia legal.
La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 21 de octubre de 2022 y su disposición adicional octava abrió la nacionalidad a los descendientes de exiliados del franquismo, con el periodo del 18 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1955 como referencia. Cuatro días después, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública envió a los consulados una instrucción para aplicarla.
Aquella instrucción generó dudas en la red consular. Tras una videoconferencia y varias reuniones, la Dirección General de Asuntos Consulares remitió el 18 de noviembre de 2022 un escrito con 21 preguntas, y Justicia las respondió en los dos oficios firmados por Sofía Puente.
Una de las preguntas planteaba si una persona nacida en 1930 podía pedir la nacionalidad como hija de un español nacido en 1880, o incluso como nieta de uno nacido en 1830. La respuesta fue que sí podían optar los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, porque la ley no fija «ningún requisito dirigido a limitar temporalmente la fecha de nacimiento del ascendiente». Con esa interpretación, el acceso a la nacionalidad quedó separado de la condición de víctima de la Guerra Civil o de la represión posterior.
El segundo oficio, del 18 de enero de 2023, autorizó tras un informe de la Abogacía General del Estado que los miembros de una misma familia presentaran sus expedientes en paralelo. Hasta entonces, la nacionalidad del ascendiente tenía que estar aprobada e inscrita antes de que el descendiente iniciara su propio expediente. El cambio permitió que abuelos, padres e hijos mayores de edad entregaran sus solicitudes a la vez, antes de que vencieran los plazos de la ley.
Los oficios también resolvieron qué consulado era competente para solicitantes sin residencia legal, como los venezolanos en Trinidad y Tobago o Ecuador. Justicia indicó que vale el domicilio a efectos civiles, el de la residencia habitual, y que se aceptaran certificados de los registros migratorios de ACNUR u otros similares. El oficio de enero permitió además aplicar la ley con carácter retroactivo a solicitudes rechazadas o archivadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007.
La ley de nietos está ahora ante el Tribunal Supremo, que suspendió de forma cautelar el voto en el 29-N de unos 163.000 nacionalizados hasta que el Gobierno aclare cuáles proceden del exilio acreditado. El Gobierno ya entregó al Supremo la lista de los nacionalizados afectados, y el alto tribunal ha abierto la puerta a que voten quienes tengan un certificado consular que acredite que cumplían los requisitos.
Corrección (29/10/2026): el titular y la entrada presentaban como noticia la entrega de la lista al Supremo, ya publicada antes en Capitol, y ahora cuentan el hecho nuevo, los dos oficios firmados por Sofía Puente.
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