El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco días, la relación nominal de los 163.355 españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, y la Abogacía del Estado ha pedido que el listado se declare reservado porque contiene datos personales.
Las claves
- La documentación se ha remitido dentro del plazo otorgado por el Alto Tribunal.
- El Ejecutivo ha facilitado la relación nominal de 163.355 españoles y españolas acogidos a la norma.
- La Abogacía del Estado pide a la Sala Tercera que declare reservado el listado, porque incluye datos personales sensibles.
El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la documentación requerida sobre los procesos de nacionalización de descendientes de españoles acogidos a los supuestos de la Ley de Memoria Democrática.
La entrega se ha producido dentro del plazo otorgado por el Alto Tribunal, según han destacado fuentes gubernamentales tras completar el trámite.
Desde el Ejecutivo han indicado que se ha facilitado «la relación nominal de 163.355 españoles y españolas» en estos procesos.
El Ejecutivo ha apuntado que «buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones de extrema derecha».
La Abogacía del Estado ha pedido además a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declare reservado el listado, porque incluye datos personales sensibles, para evitar que las partes, a las que el Gobierno sitúa en la ultraderecha, hagan un uso malicioso o ilegítimo de esa información. El martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo cumpliría el plazo, que vencía este miércoles a las 15.00, y entonces cifró los afectados en 163.020.
El Gobierno ha señalado que las personas incluidas en los listados «vieron reconocida la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2022, y a la instrucción que clarificaba ese procedimiento y reconocía la presunción de exilio».
El Ejecutivo ha recordado que «se trata de requisitos y procedimientos idénticos a los establecidos tras la Ley de Memoria Histórica de 2007 que se aplicaron con plena normalidad y sin ser cuestionados».
Asimismo, el Ejecutivo ha añadido que «estando en vigor, se han celebrado multitud de procesos electorales».
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