La entidad reclama declarar Bien de Interés Cultural el conjunto tras la orden del Gobierno central de retirarlo
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado formalmente al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que declare Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien de Interés Patrimonial (BIP) el monumento a los Rumanos Caídos situado en Majadahonda. Esta iniciativa surge como respuesta directa a la resolución del Gobierno central, que el pasado 30 de junio acordó la retirada o demolición de la estructura tras incorporarla al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática por considerar que supone una exaltación del franquismo y del fascismo europeo.
El complejo conmemorativo fue levantado en 1948 en el Cerro de la Radio para recordar a Ion Mota y Vasile Marín, dos combatientes rumanos fallecidos en dicha localidad durante la guerra civil española. Desde la organización jurídica argumentan que la obra no contó con financiación del Estado, sino que fue costeada mediante fondos privados aportados por exiliados rumanos que escapaban del régimen comunista posterior a la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual defienden la preservación íntegra de su valor histórico y religioso.
Junto a la petición de incoación patrimonial, la entidad ha exigido a la administración autonómica la suspensión cautelar inmediata de cualquier licencia, orden o intervención material orientada al derribo del monolito y su cruz anexa. La fundación sostiene que la parcela donde se asienta la construcción es de titularidad privada al ubicarse junto al cementerio parroquial, advirtiendo de que una actuación estatal directa sin las preceptivas autorizaciones incurriría en una vía de hecho administrativa.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, remarcó que «no se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana». Asimismo, Castellanos defendió que «la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de impedir su destrucción y defender nuestro patrimonio histórico y religioso frente a quienes pretenden hacerlo desaparecer», trasladando la presión legal y competencial sobre la tutela del patrimonio al gabinete regional frente al mandato del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Fuente: El Debate (España)
