El ministro de Derechos Sociales vincula a Fly2Galicia con intereses en territorios ocupados y reafirma la aplicación de la ley española
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reafirmado este domingo en Vigo la aplicación de la ley española que prohíbe el comercio de productos y servicios provenientes de territorios ocupados ilegalmente por Israel, en respuesta a la polémica por la vinculación del turoperador Fly2Galicia con intereses israelíes.
Bustinduy considera la situación de la población palestina inaceptable y subraya que el Gobierno actuará con contundencia contra quienes busquen lucro en este contexto. La ley a la que se refiere, aprobada en 2022, prohíbe la importación de bienes producidos en asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, considerados ilegales según el derecho internacional. Su aplicación ha generado tensiones con sectores empresariales y diplomáticos, especialmente tras la inclusión de empresas españolas en listas de entidades sancionadas por Israel.
Fly2Galicia, una empresa gallega especializada en viajes a Oriente Medio, ha sido señalada en los últimos meses por organizaciones pro-palestinas por ofrecer paquetes turísticos que incluyen visitas a asentamientos israelíes. El turoperador, que opera desde 2018, ha negado cualquier irregularidad y asegura que sus rutas cumplen con la legalidad vigente. Sin embargo, la polémica ha reavivado el debate sobre el papel de las empresas españolas en conflictos internacionales y la coherencia entre la política exterior del Gobierno y las prácticas comerciales.
La posición de Bustinduy se alinea con la línea marcada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en junio de 2026 reiteró su apoyo a la solución de dos Estados y su rechazo a la ocupación israelí. No obstante, su declaración en Vigo introduce un matiz más duro al vincular directamente a empresas españolas con «intereses» en territorios ocupados, algo que hasta ahora había evitado el Ejecutivo. Este enfoque podría intensificar la presión sobre compañías con vínculos comerciales en la región, así como sobre las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de consumo y turismo.
El conflicto entre la aplicación de la ley y los intereses económicos no es nuevo. En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez ya enfrentó críticas por la inclusión de productos israelíes en la lista de bienes prohibidos, lo que llevó a represalias comerciales por parte de Israel. La polémica actual, centrada en Fly2Galicia, refleja la dificultad de conciliar principios éticos con la realidad del mercado, especialmente en un sector como el turístico, donde las rutas a Oriente Medio generan ingresos significativos para operadores locales.
Fuente: ABC
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