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Portada de Capitol sobre Doñana y el Tribunal de Justicia de la UE

Doñana vuelve al Tribunal de la UE y ahora puede haber multa

La Comisión Europea ha llevado otra vez a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por Doñana, más de cinco años después de la sentencia del 24 de junio de 2021 que ya declaró incumplidas las directivas del agua y de hábitats. El artículo 260 del Tratado permite al Tribunal imponer una multa si un Estado no ejecuta una sentencia.

·18 de noviembre de 2026·5 min de lectura

La Comisión Europea ha llevado otra vez a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por Doñana, más de cinco años después de la sentencia del 24 de junio de 2021 que ya declaró incumplidas las directivas del agua y de hábitats. El artículo 260 del Tratado permite al Tribunal imponer una multa si un Estado no ejecuta una sentencia.

  • El expediente sobre Doñana empezó en 2014, la primera sentencia llegó el 24 de junio de 2021 y la Comisión acude de nuevo al Tribunal, según nuestra noticia del 18 de noviembre.
  • Si el Tribunal constata que España no ha ejecutado su sentencia, el artículo 260.2 le permite fijar una suma a tanto alzado o una multa coercitiva.
  • Entre el recurso y la primera sentencia sobre Doñana pasaron 23 meses. Si el plazo se repitiera, el fallo llegaría hacia octubre de 2028.
Barras con los años entre hitos de los procedimientos del Tribunal de Justicia contra España: depuradoras 7,3, Doñana 5,4 y 1,9
Años entre hitos de los procedimientos contra España. Fuente: Tribunal de Justicia de la UE, sentencias C-343/10, C-205/17 y C-559/19, y recurso de la Comisión anunciado el 18/11/2026.
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Cuánto tarda Luxemburgo en cada paso. Años entre dos hitos de los procedimientos contra España. Fuente: Tribunal de Justicia de la UE, sentencias C-343/10 (14/4/2011), C-205/17 (25/7/2018) y C-559/19 (recurso 22/7/2019, sentencia 24/6/2021); Comisión Europea, recurso anunciado el 18/11/2026
años
Depuradoras, de la 1.ª sentencia (2011) a la 2.ª (2018) 7,3 años
Doñana, de la sentencia (2021) al nuevo recurso (2026) 5,4 años
Doñana, del recurso (2019) a la sentencia (2021) 1,9 años

Imagina que llevas años sin cumplir una sentencia y que el juez que la dictó tiene ahora poder para ponerte una multa diaria. Esa es, en esencia, la situación que describe el Tratado de Funcionamiento de la UE cuando la Comisión acude por segunda vez a Luxemburgo contra un mismo Estado. Doñana es, además, uno de los humedales más extensos de Europa, y lo que se decida afectará al agua que usan agricultores, vecinos y especies protegidas.

Qué pasó con Doñana desde 2014

La historia se puede reconstruir con las propias sentencias. Tras un contacto previo dentro del mecanismo EU-Pilot, la Comisión envió a España un escrito de requerimiento en 2014. España contestó el 11 de febrero de 2015. El 29 de abril de 2016 llegó el dictamen motivado, el aviso formal previo al juicio.

La Comisión decidió demandar el 24 de enero de 2019 y presentó el recurso el 22 de julio de ese año. La sentencia C-559/19, del 24 de junio de 2021, declaró que España había incumplido la Directiva marco del agua respecto a las masas de agua subterránea del espacio y la Directiva de hábitats respecto a sus hábitats naturales.

Según el comunicado de la Comisión recogido en nuestra noticia, ahora acude al Tribunal porque España no ha tomado medidas suficientes para salvaguardar las aguas subterráneas que alimentan el humedal ni para impedir el deterioro de sus hábitats protegidos. Habla del último paso del procedimiento abierto en 2014.

Cómo funciona el procedimiento de infracción

El camino tiene dos fases, y la segunda es la que cambia el juego. La primera, del artículo 258 del Tratado, obliga a la Comisión a emitir un dictamen motivado, tras dar al Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se atiene a ese dictamen en el plazo fijado, la Comisión puede recurrir al Tribunal. Esa fase acaba con una sentencia que declara el incumplimiento, pero sin sanción.

La segunda fase está en el artículo 260. Su apartado 1 obliga al Estado condenado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Según el apartado 2, si la Comisión estima que no lo ha hecho, puede volver al Tribunal, indicando el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que considera adecuado. Si el Tribunal comprueba que el Estado incumplió su sentencia, puede imponer cualquiera de las dos.

La diferencia entre ambas sanciones es sencilla. La suma a tanto alzado castiga el tiempo que el Estado ha estado incumpliendo. La multa coercitiva se paga por periodos, normalmente cada semestre, hasta que el Estado cumple.

Un matiz importante para no adelantar conclusiones. La noticia de Capitol, que sigue el comunicado de la Comisión, no menciona ninguna cuantía. Por la secuencia de fechas, todo apunta a una demanda del artículo 260, pero conviene comprobarlo en el escrito de la Comisión y en el registro del Tribunal antes de hablar de multa como un hecho.

Cuánto puede costar, según el precedente de las depuradoras

España ya ha recorrido este camino con las aguas residuales. El Tribunal dictó una primera sentencia el 14 de abril de 2011 y, al no ejecutarse del todo, una segunda el 25 de julio de 2018 en el asunto C-205/17, ya por el artículo 260. Allí la Comisión pidió inicialmente una suma por día, y el Tribunal recordó que le corresponde fijar un importe adecuado a las circunstancias y proporcionado a la infracción.

Los factores que pesan son la gravedad, la duración y la necesidad de que la sanción disuada. Según nuestra información del 14 de noviembre, aquella condena fijó una multa de doce millones de euros más un pago semestral que ha ido bajando según se regularizaban depuradoras, y el importe desembolsado ronda los 90 millones.

La comparación tiene límites. Un vertido urbano se puede medir por aglomeraciones sin depurar, mientras que el estado de un acuífero depende de extracciones, lluvias y décadas de uso. Por eso el cálculo de una eventual sanción por Doñana no se puede deducir del caso de las depuradoras, solo situar en su orden de magnitud.

Los plazos del Tribunal son largos. En la primera demanda sobre Doñana pasaron 23 meses entre el recurso, del 22 de julio de 2019, y la sentencia. Entre las dos sentencias de las depuradoras transcurrieron más de siete años, y entre la sentencia de Doñana y el nuevo recurso, más de cinco. Con ese ritmo, el procedimiento sobrevivirá a la legislatura que salga del 29-N.

Ante Bruselas responde siempre el Estado, que ejerce las competencias cedidas a la UE según el artículo 93 de la Constitución, aunque las competencias estén repartidas. El agua de la cuenca la gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y el territorio y la agricultura dependen en buena medida de la Junta de Andalucía. En las depuradoras, como contamos, el Estado trasladó después parte del gasto a la administración a la que se atribuía cada retraso.

Este asunto no se vota el 29-N, pero el Gobierno que salga de las urnas heredará un procedimiento abierto cuya cuenta crece con el tiempo. Cualquiera que sea la mayoría, deberá demostrar al Tribunal medidas concretas sobre las aguas subterráneas.

¿Qué esperas que haga el próximo Gobierno con los compromisos pendientes de Doñana? Puedes seguir lo que se decide en el especial del 29-N y repasar el expediente en nuestra noticia sobre el recurso de Bruselas.

Redacción Capitol

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