CRedacción Capitol·14 de octubre de 2026·3 min de lectura
El Tribunal Supremo rechazó revocar la suspensión del voto a parte de los nacionalizados
Las claves
Los cónsules deben incluir campos para cada solicitante y cotejar la información.
Se busca detectar quiénes presentaron pruebas de exilio y quiénes se acogieron a la instrucción del Ministerio de Justicia.
La instrucción del Ministerio de Justicia relajaba los criterios y permitía presumir exilio a los que se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
A mediados de septiembre, el Ministerio de Exteriores ordenó a los cónsules expedir y enviar certificados de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.
En esa orden se adjuntaron resoluciones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo sobre la suspensión del voto.
Los consulados de España en todo el mundo han recibido la orden de volcar en una hoja de cálculo de Excel los datos de los españoles que han obtenido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática.
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Esta hoja contiene una serie de campos para cada solicitante que deben ir cotejando y cumplimentando. El objetivo es expurgar una lista que incluye a decenas de miles de personas y detectar quiénes presentaron pruebas de exilio y quiénes se acogieron a la instrucción del Ministerio de Justicia.
La instrucción del Ministerio de Justicia relajaba los criterios y permitía presumir el exilio a todos los que se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mediados de septiembre, el Ministerio de Exteriores ordenó a los cónsules expedir y enviar certificados de los españoles que hubieran adquirido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. En esa orden se adjuntaron las resoluciones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo relativas a las medidas cautelares que suspenden el derecho al voto de los nacionalizados por la «ley de nietos».
El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que está cumpliendo la legalidad vigente y aplicando con la máxima diligencia las medidas cautelares del Tribunal Supremo. Desde esa primera orden, los consulados han recibido más comunicaciones e instrucciones desde Madrid, según indica un diplomático destinado en el extranjero.
El lunes, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General de que se revocara la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados. La Abogacía estima que son 163.020 los afectados y que, por el elevado volumen de solicitudes, no hay tiempo material para elaborar la lista detallada. El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre aumenta la presión para completar la lista antes de la votación.
Aún no ha llegado la aplicación informática prometida para elaborar la lista de los afectados. Mientras tanto, los consulados deben introducir los datos en la hoja de Excel que luego se volcará en el sistema. El departamento dirigido por el ministro José Manuel Albares asegura que aplica con diligencia lo exigido por el alto tribunal.
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El CGCEE ha pedido al Defensor del Pueblo que presente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la suspensión. El CGCEE denuncia que el plazo de cinco días para presentar alegaciones es irrisorio. Se critica la discriminación entre los nacionalizados que figuran en el CERA y los que están inscritos en el CER.
El CGCEE sostiene que la suspensión vulnera un derecho fundamental basado en especulaciones de Vox e Iustitia Europa. El Ministerio advierte que la complejidad de la implementación generará situaciones paradójicas, como ciudadanos que votaron en 2023 y podrían quedar sin voto en noviembre.
Qué dicen las encuestas
La media de 17 encuestas publicadas en los últimos tres meses, calculada por el agregador de Capitol, da estos resultados para las generales del 29 de noviembre: PP el 32,4 % (139 escaños), PSOE el 26,4 % (107 escaños), Vox el 18,3 % (61 escaños) y Sumar el 6,1 % (9 escaños). La mayoría absoluta en el Congreso está en 176 diputados.
