CRedacción Capitol·11 de agosto de 2026·2 min de lectura
El PSIB denunció a Pedro Bestard (Vox) por usar vehículos institucionales para fines privados, generando gastos sin autorización
La Fiscalía de Baleares ha abierto diligencias contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por presunto uso fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular. La investigación, confirmada por fuentes del procedimiento a Europa Press, se centra en posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, tras una denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell.
Los socialistas acusan a Bestard de utilizar de forma sistemática y exclusiva coches oficiales para desplazamientos privados, lo que habría generado gastos en combustible y mantenimiento sin la autorización correspondiente. En su denuncia, el PSIB solicitó al Ministerio Público que recabara documentación de la secretaría técnica del Departamento de Medio Ambiente —que dirige Bestard—, así como registros de desplazamientos, consumos de combustible y sistemas de geolocalización de los vehículos adscritos a su área.
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El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Vox y el PSIB en Baleares, donde el partido de Santiago Abascal gobierna en coalición con el PP en el Consell de Mallorca. La denuncia del PSIB incluye la petición de que se requiera al Consell copia del registro de desplazamientos de Bestard con los vehículos oficiales, un extremo que podría esclarecer si hubo uso indebido de recursos públicos. La Fiscalía aún no ha citado a declarar al vicepresidente, pero las diligencias podrían derivar en una imputación formal.
La malversación de caudales públicos, tipificada en el artículo 432 del Código Penal, conlleva penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público. En caso de confirmarse los hechos, Bestard podría enfrentarse a la pérdida de su cargo en el Consell, además de las consecuencias penales. El caso se suma a otros episodios recientes de escrutinio sobre el uso de recursos institucionales por parte de cargos públicos, como el de la exalcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigada por presunto tráfico de influencias en la contratación de mascarillas durante la pandemia.
El Consell de Mallorca, presidido por Llorenç Galmés (PP), no se ha pronunciado oficialmente sobre las diligencias, pero fuentes de la institución señalaron a Europa Press que colaborarán con la Fiscalía. El PSIB ha evitado hacer declaraciones públicas hasta que avance la investigación.
